Batasuna (ampl.)- El juez clausura por dos años la herriko de Usurbil (Guipúzcoa) por permitir una reunión de dirigentes

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó hoy la clausura por dos años de la herriko taberna de Usurbil (Guipúzcoa) por permitir una reunión de dirigentes de la ilegalizada Batasuna en la tarde del pasado 19 de enero, el mismo día en el que se cerraron las sedes de la formación en Bilbao y en San Sebastián en cumplimiento del auto del magistrado de suspensión de actividades del partido abertzale.

La clausura, ordenada a la Guardia Civil con el apoyo de la Ertzaintza, supone que el magistrado ha hecho suya la petición del fiscal adscrito a la causa contra Batasuna, Juan Moral, de cerrar durante dos años la herriko donde se había realizado la reunión de dirigentes de la formación ilegalizada. Las acusaciones personadas en la causa, ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación Dignidad y Justicia, pedían el cierre por cinco años, el máximo tiempo permitido por la ley.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 celebró ayer una vistilla del artículo 129 del Código Penal, tras recibir un informe de la Guardia Civil en el que se afirmaba que se había producido una reunión de dirigentes de Batasuna, dos días antes del congreso nacional anunciado por la formación.

En el auto de clausura el juez se destaca que "entre las 16.00 y las 20.30 horas del pasado 19 de enero, dos días después de dictarse auto de suspensión de sus actividades, destacados miembros de la Mesa Nacional de la ilegalizada Bastauna, entre los que se encontraban Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Pernando Barrena, Rufino Etxebarria, Asier Imaz, Asier Arraiz, Juan José Petrikorena, Mikel Etxaburu e Imanol Iparragirre, mantuvieron una reunión orgánica dentro de la herriko taberna Aitzaga Elkarte de Usurbil", que se encuentra a disposición de Batasuna e intervenida judicialmente.

PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA.

El auto defiende la proporcionalidad de la clausura de las herriko tabernas, entre ellas, la de Usurbil, puesto que "en grado de seria probabilidad se encuentran gestinadas directamente por la ilegalizada Batasuna, cumpliendo funciones diversas, principalmente de financiación, logística y propaganda del entorno ETA-KAS-Ekin (Movimiendo de Liberación Nacional Vasco -MLNV-)".

En este sentido, añade que "la intervención actualmente vigente" en la herriko ahora clausurada, "en modo alguno es suficiente a los fines de soslayar la reiteración delictiva; no verificándose medida menos gravosa que pudiera garantizar la efectividad de los intereses en litigio". Ello es en gran parte debido a "la propia configuración de las herrikos, la confusión aparente creada en razón de su titularidad, así como del conjunto de servicios que por ellas se prestan".

Añade que en esas circunstancias deben imputarse "a los propios interesados, de quienes dependería impedir, en todo caso, la materialización de conductas extramuros de su aparente objeto social e incardinables en el ordenamiento jurídico penal", como es el caso de la reunión del pasado día 19.

A pesar de decretar la clausura de la herriko donde se realizó la reunión de la cúpula Batasuna, Grande-Marlaska rechaza la medida solicitada por la Asociación Dignidad y Justicia de realizar un registro en el establecimiento, porque no es proporcional, ya que "en la actualidad únicamente se ha acreditado con la necesaria seriedad, que limita su relación de actividades de mera infraestructura".

NUEVOS INFORMES.

Tras recordar las distintas resoluciones dictadas en la causa en la que investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, el juez pide al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la UCI de la Policía informes "sobre las actividades desarrolladas" por las herriko tabernas, "cual es el supuesto de la de Illunbe de San Sebastián", a fin de concretar "si las medidas cautelares actualmente vigentes devienen suficientes a los fines de evitar la reiteración" delictiva investigada en la causa.