Batasuna.- López Aguilar acata la decisión y afirma que corresponde cumplirla a los competentes en Navarra y Euskadi

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, subrayó hoy, respecto a la decisión del juez Fernando Grande Marlaska de suspender la Asamblea Nacional de Batasuna y sus actividades durante los próximos dos años, que "el derecho de reunión no es ilimitado" y que "sólo puede ser intervenido en el curso de una investigación penal conducida por un juez penal", como ha sucedido. Destacó que lo que procede es acatar la decisión y que corresponderá cumplirla "a quien tiene competencias en materia de interior en el territorio"

López Aguilar se pronunció así esta tarde a su salida del Foro ABC, donde había acudido a escuchar a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien se limitó a expresar su "respeto y acatamiento" tras saber de la decisión judicial al no conocer todavía ni la "motivación" ni los "fundamentos jurídicos" de la resolución.

El titular de Justicia destacó que "en este país el Estado de Derecho funciona". "Pero hay que tomárselo en serio", avisó López Aguilar, que explicó que la Ley de Partidos Políticos "permitió poner fuera de la ley a Batasuna", certificándose a partir de ahí "su muerte civil".

"Esto no significa que sus miembros tengan intervenidos todos sus derechos fundamentales --expuso--. El derecho de reunión no es ilimitado. Solo puede ser intervenido en el curso de una investigación penal conducida por un juez penal y es lo que aquí ha tenido lugar".

Así, insistió en que ante el juez "actúa el Ministerio Fiscal y a su cabeza el fiscal general del Estado" y que eso es lo ha "tenido lugar". "Por lo tanto, está funcionando el Estado constitucional de Derecho", recalcó el ministro, que insistió que es una resolución del poder judicial "la que suspende la actividad de una organización que en su momento fue declarada ilegal para que no pudiera concurrir a ningún proceso electoral ni acceder a las instituciones representativas".

"DEMAGOGIA RAMPLONA DEL PP".

"Por lo tanto prohíbe que pueda tener lugar la celebración de esa reunión o congreso", declaró, asegurando que "está funcionando el Estado de Derecho" y que es "un mensaje positivo y de confianza que da seguridad a la ciudadanía".

"Está actuando además cuando corresponde, por su cauce, sin ninguna interferencia ni del ruido ni de la demagogia ramplona que a raudales ha derrochado estos días el PP", aseguró. "Esto es una democracia madura y ese es el mensaje que conviene escuchar", apostilló.

ERTZAINTZA.

Preguntado sobre si le satisfacía la resolución, López Aguilar dijo no querer comentar la decisión "adoptada por un juez en el curso de su competencia y sus responsabilidades".

"Es una decisión adoptada por el Poder Judicial y por lo tanto, tal y como habíamos dicho, lo que procede es acatarla y corresponderá cumplirla a quien tiene competencias en materia de interior en el territorio", remarcó el ministro.

Así, precisó que en Navarra afectará a "la Policía Judicial" y en su caso a "la Guardia Civil o Policía Nacional que actúe bajo las órdenes de la Audiencia Nacional"; y en el País Vasco, "a la Ertzaintza, que es la que tiene competencias integrales en materia de seguridad en el territorio de la Comunidad Autónoma".

"Esto es un Estado de Derecho funcionando, esto es una democracia madura y que tiene derecho a tener confianza en el modo en que actúan sus instituciones y a la que le sobran por completo la demagogia, la distorsión y el ruido ramplón y permanente sembrando confusión", subrayó López Aguilar.

Por último, dijo que lo único que la ciudadanía tiene derecho a esperar de quien tiene "sentido de la responsabilidad política" es "prudencia, sentido de la medida y respeto a las instituciones".

NO TODAS ACTUACIONES ILEGALES.

Antes de que se conociera la decisión del juez Grande Marlaska, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que "no todas las actuaciones que hacen personas que pertenecieron a un partido político hoy ilegalizado en principio hay que presumir que son ilegales".

De la Vega resaltó que los elementos para determinar si la reunión era o no orgánica los tenía el Poder Judicial y que el Gobierno no iba a interferir. "La posición del Gobierno es respetar la decisión que adopte el juez y por supuesto, acatar", indicó.

Subrayó que Batasuna es un partido político "inexistente" e ilegalizado por el Supremo al amparo de la Ley de Partidos Políticos y que la sentencia "impide la realización de las actividades políticas que venía realizando hasta entonces como partido".

La vicepresidenta explicó el Congreso de Batasuna al "parecer" estaba convocado "por personas integrantes del antiguo partido político hoy ilegalizado" y que lo planteaban "al amparo de esos derechos fundamentales de reunión". El determinar la "naturaleza jurídica de las actuaciones de estas personas", añadió, es competencia "del Poder Judicial".

"Se determinará si hay indicios racionales de la comisión de algún delito que determinen una actuación de una medida cautelar y si cree que hay indicios de la supuesta comisión de un delito, para impedirlo, adoptará la medida cautelar", señaló De la Vega.

ELEVACIÓN DEL "TONO DE VOZ".

En su discurso, De la Vega expuso que se estaba "elevando mucho el tono de voz para hablar del terrorismo". "Creo que esto no facilita las cosas, más bien ayuda en la dirección contraria, porque introducir confusión en torno a la lucha contraterrorista constituye un error de primera magnitud", declaró. "Lamento tener que decir que con demasiada frecuencia es el principal partido de la oposición el que viene haciéndolo", indicó.

Así, De la Vega aseguró que el PP utilizó el terrorismo como "instrumento de confrontación política cuando era Gobierno" y que hoy en la oposición lo sigue haciendo. "Los socialistas, en el Gobierno, seguimos actuando con la misma responsabilidad", concluyó.