MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dirigido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en la que le traslada la necesidad de convocar "a la mayor brevedad posible" la comisión mixta que integran ambos organismos para "examinar las medidas que el Gobierno está impulsando para la mejora de la Administración de Justicia, en el marco de una leal colaboración institucional".
En la carta, que lleva fecha de ayer, Fernández Bermejo señala que, una vez constituido el nuevo CGPJ, los actores del servicio público de la Justicia han de "protagonizar una nueva etapa, tan prometedora e ilusionante como exigente" en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, "tanto más después de los recientes acontecimientos que aconsejan la apertura de un espacio de diálogo fluido".
Con esta iniciativa, el titular de Justicia quiere exponer al CGPJ "sin mayor dilación" sus proyectos inmediatos para mejorar y modernizar la Justicia, algunos de los cuales ya son conocidos por el Consejo por estar sometidos a su preceptivo informe. Además, Fernández Bermejo tiene "el máximo interés" en conocer la posición del órgano de gobierno de los jueces sobre estos asuntos.
PROYECTOS MINISTERIALES
En el texto remitido a Dívar, el ministro repasa las iniciativas que su departamento está impulsando, entre los que se encuentra la reforma del recurso de casación, la implantación de la oficina judicial, la generalización de la Doble Instancia Penal y la modernización de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo, aborda otros asuntos como el Registro de Medidas Cautelares, la interoperabilidad de los sistemas informáticos judiciales y la mejora del sistema estadístico judicial, la especial situación de los juzgados de lo Mercantil y el sistema de guardias en los juzgados de Violencia contra la Mujer.
En la agenda de proyectos del ministro también se encuentra el régimen de sustituciones, el desarrollo de las previsiones retributivas de las carreras judicial y fiscal, la equiparación de los magistrados del Tribunal Supremo con los de otros órganos constitucionales, la revisión del sistema de acceso a la carrera judicial y las reformas de la ley de Demarcación y Planta Judicial y del Registro Civil.
