MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, afirmó hoy que la nueva oficina judicial solucionará el "caos organizativo" y el "desbarajuste" que existe en el actual sistema judicial español.
Bravo, durante su ponencia en el Congreso Nacional de Derecho organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, indicó que el actual plan de modernización de la Justicia es un programa "ambicioso" que mejorará el modelo.
En este sentido, la portavoz del CGPJ remarcó la importancia que tiene contar con un sistema "eficaz" coordinado pro los distintos organismos políticos y judiciales, para conseguir tener "una Justicia de calidad" en donde el ciudadano sea "el verdadero protagonista".
Asimismo, Bravo criticó que hasta el momento los responsables de los poderes públicos "no se han preocupado" en formar a los funcionarios interinos judiciales, lo que ha provocado la "absoluta desorganización" en la Justicia.
"Hay sedes judiciales en donde no tienen funcionarios preparados", subrayó, para apuntar que con la oficina judicial, la nueva planta judicial y la modernización en las tecnología se estará "en el camino de la verdadera modernización judicial".
Dicho esto, Bravo destacó los 600 millones de euros que el Ministerio de Justicia ha ofrecido para la reestructuración judicial, al tiempo que remarcó la necesidad de realizar reformas estructurales para garantizar que "realmente" se puedan llevar a cabo estas actuaciones.
75 POR CIENTO DE ASUNTOS PENALES EN LOS JUZGADOS
Con respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la portavoz del CGPJ afirmó "no tener mucha seguridad" de que se pueda llevar a cabo antes de 2010, y recordó que de los nueve millones de asuntos que hay en los juzgados "el 75 por ciento" son temas penales.
Por ello, Bravo pidió definir un "nuevo modelo" en clave constitucional a través de un proceso "ágil" en donde haya "decisiones trascendentales y garantistas".
"Desde el CGPJ se está estudiando ofrecer la planificación de lo que debería ser una nueva reestructuración del poder judicial", señaló, al tiempo que subrayó que aunque "los jueces son totalmente independientes" el Gobierno es el que tiene la responsabilidad de "garantizar el buen funcionamiento de los órganos judiciales".
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