MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó hoy que la posible personación de la Abogacía del Estado en el caso Mercasevilla responderá, en su caso, a que la empresa pública del Estado que participa en la sevillana, Mercasa, lo demande, pero no por las instrucciones de ningún miembro del Gobierno.
Caamaño respondió así, durante la sesión de control al Ejecutivo, a las reclamación del PP para que el Abogado del Estado se persone en este caso en defensa de los intereses de los ciudadanos.
El ministro de Justicia explicó que en casos como la operación 'Gürtel', en la que se sigue una investigación por delito fiscal y "existe un perjuicio directo y claro" para hacienda pública del Estado, la abogacía se persona como acusación particular en defensa de los españoles. Sin embargo, mantuvo que la situación es "completamente distinta" en las empresas públicas, que tienen personalidad jurídica propia.
Según repasó el responsable de Justicia, la ley encomienda a éstas la defensa de su patrimonio y el ejercicio de las correspondientes acciones penales. Esa misma legislación determina que las empresas públicas pueden encomendar su defensa jurídica a un despacho profesional o, previo convenio, a la Abogacía del Estado.
"Es evidente que si esto se produce, la Abogacía del Estado trabaja y presta su asesoramiento jurídico a solicitud de la empresa y con arreglo al convenio", señaló Caamaño, quien insistió en que "no cabe existencia de instrucciones de este ministro ni de ningún miembro del Gobierno" para la personación que reclamaban los 'populares'.
Así las cosas, el ministro lamentó la actitud del PP en este caso e ironizó con que los 'populares' ya no ven claro la diferencia entre "realidad y ficción" después de haber "puesto tanta inventiva a la teoría de la persecución". "Ven conspiraciones donde sólo hay normalidad y están empeñados en hacernos creer que esa fantasía puede llegar a ser cierta", les reprochó.
Por su parte, el diputado del PP encargado de formular la pregunta, Ricardo Tarno, había reclamado ante Caamaño la intervención de la Abogacía del Estado en defensa de los intereses de los ciudadanos, quienes, según sus palabras, no entienden por qué siete meses después del inicio de las acciones judiciales, el Gobierno no ha dado instrucciones para que se persone. "Tienen que personarse y defender intereses de los ciudadanos en caso como este", reclamó.
El diputado popular aprovechó su intervención para recordar que además de los presuntos delitos de cohecho cometidos por sus dos directivos, una auditoría ha destapado irregularidades "gravísimas" en las cuentas de la empresa pública como gastos desmesurados o adjudicaciones que no se ajustaban a la legalidad.
