MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El empresario Ángel de Cabo y cuatro de sus subordinados en las empresas que habrían servido de tapadera para tratar de ocultar el patrimonio del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán han recurrido las fianzas que les impuso el pasado miércoles el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, informaron fuentes jurídicas.
La defensa de De Cabo, que ejerce el abogado Ignacio Peláez, ha presentado un recurso de reforma ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 subsidiario de apelación ante la Sala de lo Penal pidiendo que se revoque su ingreso en prisión que podría eludir si deposita una fianza de 50 millones de euros.
También ha recurrido su situación procesal el colaborador de De Cabo y administrador de Nueva Rumasa, Iván Losada, al que el juez impuso una fianza de 30 millones de euros, así como los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Teodoro Garrido, a los que se les impuso una fianza de medio millón de euros.
El juez Velasco impuso a los cinco, así como a Díaz Ferrán y al también colaborador de De Cabo Antonio García Escribano, fianzas que en conjunto superan los 112 millones de euros para evitar su ingreso en prisión por los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.
UNA FIANZA SATISFECHA
A la secretaria de De Cabo, Susana Mora, se le impusieron 3.000 euros de fianza que ésta depositó el mismo miércoles, evitando así su ingreso en prisión. El único para quien Velasco no adoptó esta medida fue el experto fiscal Rafael Tormo, quien sin embargo no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez.
Según la investigación, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, "diseñaron una estrategia" para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales al empresario Ángel de Cabo con el fin de "aparentar su insolvencia patrimonial".
