MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha recordado que el empresario Enrique Ortiz tendrá que asumir sus responsabilidades tras confesar que financió ilegalmente al PPCV y ha incidido en que no se debería "dejar ningún espacio de impunidad a ningún delito y menos al de la corrupción".
"Lo tendrá que investigar el tribunal competente. Mi absoluto respeto a las decisiones judiciales", ha subrayado el titular de Justicia en declaraciones a Europa Press antes de la clausura del Congreso Internacional sobre nuevas tecnologías, protección de datos y transparencia judicial.
En la misma línea, Catalá ha subrayado que los tribunales tendrán su "máximo apoyo contra la corrupción" y contarán con "todo el apoyo de medios materiales y personales que necesiten" con el objetivo de que la sociedad española tenga la seguridad "de que las instituciones funcionan".
"No deberíamos dejar ningún espacio de impunidad a ningún delito y menos al de la corrupción. Este señor --en referencia a Ortiz-- tendrá que asumir sus responsabilidades en este proceso judicial", ha reiterado.
Finalmente, el ministro ha recordado que la lucha contra la corrupción es "un proyecto de todos los españoles y también del Gobierno", que "ha promovido múltiples reformas en esta materia durante la última legislatura".
El empresario Enrique Ortiz ha confesado haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para la organización de las campañas de las elecciones generales de 2008 y ha solicitado que la Audiencia Nacional le rebaje la pena al haber reconocido los hechos.
En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, Ortiz muestra su conformidad con los hechos descritos por la acusación y reconoce haber abonado 348.115 euros al PPCV con ocasión de la campaña de las generales.
El dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, admite que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura "formal" a esas entregas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. En su escrito de defensa, Ortiz reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa.
