Las consecuencias que puedan derivarse de la creación de dichas comisiones preocupan a los togados
MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia la posibilidad de redactar un informe con razones jurídicas que respalde a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer ante las recién creadas comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de 'lawfare', un asunto que preocupa a los togados.
Varios vocales lo han planteado después de que el Congreso de los Diputados acordara el pasado martes crear tres comisiones de investigación para indagar en la denominada 'Operación Cataluña', los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa 'Pegasus'.
La propuesta ha encontrado acogida a nivel interno, por lo que el órgano de gobierno de los jueces sopesa ya elaborar el informe, una cuestión que podría decidirse formalmente en Pleno o acordarse directamente por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, según ha avanzado 'El Español' y han confirmado fuentes del Consejo a Europa Press.
Sobre el contenido del informe, las fuentes explican que en realidad los motivos legales ya los plasmó el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), Pablo Lucas, en el escrito que envió al Parlamento catalán para no comparecer ante la comisión de investigación sobre el llamado 'caso Pegasus', que le llamó por ser el juez encargado de controlar al CNI.
Según fuentes de la Cámara catalana, esgrimió el artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia".
Señala igualmente que, "cuando se trate de auxilio o cooperación por razón del cargo o de la función jurisdiccional, se prestará sin tardanza, salvo que el acto a ejecutar no esté legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del juez o tribunal".
Lucas aludió también a la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Control Judicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia, recordando que le obliga a guardar silencio respecto a las actuaciones del mismo; y al artículo 59.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que obliga a comparecer al personal al servicio de las administraciones catalanas, para argumentar que no era su caso.
PREOCUPACIÓN ENTRE LOS JUECES
El origen del problema es la parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez donde habla de crear comisiones de investigación cuyas conclusiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad".
Esa coletilla final ha hecho temer tanto a los jueces como a los fiscales que participaron en las causas que se verán afectadas por la amnistía que se emprendan acciones en su contra, lo que ha llevado a los cuatro fiscales del juicio del 'procés' --Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- a pedir "amparo institucional" al fiscal general del Estado, Álvaro García Estado, un asunto que se debatirá el próximo día 20 en el Pleno del Consejo Fiscal.
En lo tocante a jueces y magistrados, la misma LOPJ establece que tienen responsabilidad penal, civil y disciplinaria por las acciones cometidas en el ejercicio de su cargo. La primera podría traducirse en querellas por prevaricación --delito castigado con hasta 4 años de cárcel--; la segunda, en el resarcimiento de los daños causados; y la tercera, en sanciones por "exceso o abuso de autoridad".
Aunque en ningún caso las comisiones de investigación podrían actuar directamente contra ellos, ya que si apreciaran tales responsabilidades tendrían que remitir los casos a la Fiscalía, el juzgado que corresponda o el propio CGPJ, lo cierto es que hay cierta preocupación entre los jueces y magistrados por cómo puedan desarrollarse los acontecimientos, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
