Acusa a los Estados miembros de "cerrar los ojos" ante las actividades de EEUU y critica la falta de colaboración de Solana
BRUSELAS, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La comisión temporal del Parlamento Europeo que ha investigado las actividades ilegales de la CIA en territorio europeo acusa a los Estados miembros de "cerrar los ojos" frente a los vuelos operados por la agencia norteamericana, y espera que el Consejo Europeo encargue, sin demora, una investigación independiente para ver si, en su caso, cabría imponer sanciones a los Estados miembros que hayan violado de manera "seria y persistente" los derechos humanos.
Los eurodiputados, que hoy aprobaron en comisión el informe final que recoje un año de trabajos, reprochan también la "pasividad" de algunos Estados miembros y la falta de cooperación del Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde están representados los Estados, con las labores del Parlamento Europeo. El informe, elaborado por el eurodiputado italiano Giovanni Claudio Fava, fue aprobado por 28 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Ahora será sometido al voto del pleno el próximo 14 de febrero.
El PPE, que votó mayoritariamente en contra, considera que no existen en el documento "pruebas irrefutables" de las actividades que se denuncian y que no se ha hecho una interpretación correcta de los hechos cuando se habla de la implicación de los Estados miembros en las llamadas "entregas extraordinarias".
"No podemos tolerar actividades ilegales o torturas. Este es un tema importante y, por tanto, nuestro informe tiene que ser riguroso y equilibrado, algo que no ocurre en este momento", declaró el eurodiputado y portavoz del PPE en la comisión Jas Gawronski.
El texto aprobado hoy, al que se hicieron llegar más de 500 enmiendas, difiere en esencia poco del que ya presentó el ponente a finales de noviembre de 2006 y da por sentado que hubo más de mil vuelos operados por la CIA que usaron el espacio aéreo europeo entre 2001 y 2005 o que las bases militares norteamericanas en Europa pudieron usarse como centros temporales de detención de acusados de terrorismo.
"Los países europeos han hecho la vista gorda con los vuelos operados por la CIA que, en algunas ocasiones se usaron para hacer entregas extraordinarias o para transportar de forma ilegal a detenidos", sostiene el informe en que se llega a decir que pudo haber "falta de control" de los Estados miembros sobre las bases militares norteamericanas y que las "facilidades" proporcionadas por los países europeos para practicar detenciones ilegales podrían haber incluido, por ejemplo, habitaciones de hotel, como fue el caso de Jaled El-Masri, detenido en Skopje (Macedonia).
A la vista de todas estas afirmaciones, la comisión parlamentaria "espera que el Consejo inicie audiciones y encargue una investigación independiente sin demora, tal y como prevé el artículo 7 del Tratado" y, "si fuera necesario, imponer sanciones a los Estados miembros en caso de un serio y persistente incumplimiento del artículo 6 del Tratado". En virtud de ambos artículos se puede recomendar suprimir el derecho a voto en el Consejo a los países miembros que hayan violado la Convención Europea de Derechos Humanos.
El informe critica en particular a los gobiernos europeos que no mostraron voluntad de cooperar con la comisión parlamentaria, en concreto a los de Austria, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido.
En el caso concreto de las sospechas sobre la existencia de cárceles secretas en Polonia, el informe concluye que, a la luz de las "evidencias circunstanciales", no hay manera de saber si tuvieron o no su base en este país, con el que los eurodiputados son muy duros porque la delegación que visitó Varsovia para indagar este asunto obtuvo sólo declaraciones "contradictorias". Además, para el presidente de la comisión, Carlos Coelho, la falta de colaboración del Gobierno polaco "refuerza" esas sospechas.
Se queja también el Parlamento de las "omisiones" del alto representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común, Javier Solana, porque fue "incapaz" de completar las evidencias que tenía ya la comisión. Los mismos reproches se dirigen hacia el coordinador de la lucha terrorista de la UE, Gijs de Vries, a quien los eurodiputados acusan de no dar "respuestas satisfactorias" y para quien proponen reforzar sus competencias.
Como consecuencia de todo ello, el informe anima a los gobiernos y los parlamentos nacionales a abrir investigaciones independientes sobre las actividades de la CIA o continuar las que ya están en marcha. Asimismo, piden a la comisión de libertades civiles hacer un seguimiento del asunto para ver si pueden recomendarse las sanciones antes mencionadas al amparo del artículo 7 del Tratado.
Propone también contar con legislaciones nacionales específicas para regular y controlar las actividades de los servicios secretos extranjeros en territorio de los Estados miembros. Es más, considera que las escalas de aviones militares o de policías sólo deberían permitirse si se acompaña de una garantía que asegura el respeto de los Derechos Humanos.
La comisión rechaza las entregas extraordinarias al entender que es un instrumento ilegal usado por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y pide a los Estados miembros que reclamen a la administración norteamericana "poner fin" a esta práctica. Finalmente, reclama el cierre de Guantánamo y pide a los países de la UE reclamar el regreso de sus nacionales encarcelados de manera ilegal por Estados Unidos en la base cubana.
PARCIAL Y ENGAÑOSA
"Queda claro que hubo actividades ilegales de la CIA en Europa", resumió el presidente de la comisión, el portugués del PPE, Carlos Coelho, para quien no es "probable" que se hayan producido "sin conocimiento ni connivencia" de los Estados miembros. Coelho avanzó, además, que es intención de la comisión hacer un listado con las entidades a las que se pidió información, las que la proporcionaron y las que la negaron a ello.
Por lo demás, el eurodiputado portugués elogió la "ejemplar" actitud colaboradora de la Comisión Europea pero llegó a acusar al Consejo de colaborar "poco y de manera engañosa". "Quiero protestar vehementemente por el hecho de que el Consejo Europeo transmitiera documentación parcial cuya versión íntegra tenía la comisión por otras fuentes", subrayó Coelho.
Por su parte, el responsable máximo del informe, Fava, destacó que es una "obligación" de cualquier Estado garantizar los Derechos Humanos y los valores fundamentales de sus ciudadanos, que el Parlamento Europeo ha asumido sus responsabilidades frente a los hechos cometidos por la CIA y que son ahora las otras dos instituciones comunitarias --Comisión y Consejo-- quienes deben asumir las suyas.
Fava, que redundó en la falta de colaboración general de los Gobiernos con la investigación tuvo, no obstante una mención concreta apreciando la disposición del ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Angel Moratinos, para comparecer ante la comisión. "No hemos encontrado la misma disposición en otros gobiernos como el de Portugal o el del Reino Unido", dijo Fava.
APOYO LOGISTICO
Estos elogios han sido, no obstante, moderados en el texto final, un hecho saludado por el eurodiputado de CiU y miembro de la comisión, Ignasi Guardans. "Esta cooperación se valora positivamente pero no se le echa flores, porque nadie tiene que ser felicitado por cumplir con sus obligaciones", señaló Guardans, que también puso de relieve que en el informe no quedan dudas de que "Europa ha sido el apoyo logístico de Guantánamo".
Para el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer el informe es "una gran contribución a la verdad sobre este escándalo". "Todos los gobiernos implicados fingieron inocencia e ignorancia pero la comisión ha demostrado que tienen una gran responsabilidad en la violencia y sufrimiento que se ha producido", señaló.
