MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga desde junio de 2006 la existencia de vuelos de la CIA en territorio español, citó hoy a declarar para el próximo día 17 al ex director general de Política Exterior para América del Norte, Seguridad y Desarme Miguel Aguirre de Cárcer para que dé cuenta del informe secreto en el que ponía al corriente al Gobierno del PP del uso de aeropuertos españoles para el traslado de presos a la base norteamericana de Guantánamo, informaron fuentes jurídicas.
El interrogatorio, que se producirá a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar a pesar de que ninguno de los documentos solicitados por el juez, entre los que se encuentra un informe muy secreto elaborado por Aguirre de Cárcer, había llegado hasta el día de hoy al Juzgado Central de Instrucción número 2, según indicaron las citadas fuentes.
En una providencia notificada ayer a las partes personadas en la causa, el instructor aseguraba que citaría al ex director general de Política Exterior una vez que Exteriores le entregara este informe, del que consta "un acuse de salida" del Ministerio, según explicó ayer el titular de este departamento, Miguel Ángel Moratinos.
Aguirre fue el encargado de redactar un informe dirigido al entonces ministro, Josep Piqué, y a su secretario de Estado de Exteriores, Miguel Nadal, en el que les daba información sobre las escalas de los vuelos de la CIA, según publicó el diario 'El País'. Según este documento, Estados Unidos había solicitado al Gobierno español autorización para realizar paradas en España de vuelos "para trasladar a prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba".
El ministro también explicó ayer que su departamento ha enviado a la Audiencia Nacional una nota informativa fechada el 11 de enero de 2002 en la que el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte (Segenpol), respondía "afirmativamente" a la petición de Estados Unidos. Este documento, reclamado también por el juez, fue encontrado en la Sección Española del Comité Permanente Hispano Americano, que depende de los departamentos de Defensa de España y EEUU y se encarga de desarrollar el convenio bilateral de Defensa.
OTRAS PETICIONES
El juez reclamó, además, al Ministerio de Asuntos Exteriores que certifique si Piqué y Nadal recibieron este documento y que este departamento le remita cualquier documento de la Dirección General de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme relacionado con los hechos.
También solicitó la remisión de la carta que Aguirre de Cárcer envió el 1 de diciembre de 2002 a Jiménez Ugarte en la que éste también le informaba de la intención de contestar afirmativamente a la petición de Estados Unidos, a fin de permitir el paso y las escalas de los vuelos de la CIA con destino a Guantánamo.
El magistrado aún no ha tomado una determinación sobre la solicitud realizada por el Ministerio Público para que procediera a tomar declaración también a los trabajadores, oficiales y controladores de las bases de Morón, Torrejón y Rota que estaban trabajando en el momento de realizarse las escalas de la CIA.
TESTIGOS DE LAS OPERACIONES
El juez también respondió de forma positiva a la petición del fiscal Vicente González Mota, que solicitó a la Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo del Aeropuerto de Torrejón el plan de vuelo y la relación de tripulantes de los vuelos que se realizaron los días 18 de julio y 20 de agosto de 2005. La intención de la Fiscalía es que el juez llame a declarar al encargado de esta oficina, al técnico y al coordinador de programación y operaciones del aeródromo para que expliquen "las operaciones efectuadas en el aeropuerto" por los vuelos investigados.
Moreno también requirió a la Comisaría General de la Policía Judicial toda la información sobre las llamadas que los ocho miembros de la tripulación de uno de los vuelos realizaron el Hotel Royal Plaza de Ibiza entre los días 12 y 16 de febrero de 2005. Asimismo, pidió un informe con objeto de esclarecer su identidad y su habilitación como pilotos profesionales.
Asimismo, reiteró la necesidad de obtener respuesta a las comisiones rogatorias libradas a Italia y Suiza, en la que se solicitaba información sobre el traslado en uno de esos vuelos del clérigo egipcio Abu Omar, secuestrado en este país.
Además de la Fiscalía, en la causa está personada como acusación popular una plataforma de ciudadanos denominada Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que inició el proceso en un juzgado de Palma de Mallorca, y a la que se adhirieron tanto IU como la Asociación Libre de Abogados (ALA), una vez que la causa comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional.
