MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
CiU ha solicitado al menos una semana más de tiempo para estudiar la Ley Antidesahucios en el Senado y las enmiendas y vetos presentados por los grupos parlamentarios, pero el PP ha rechazado esta posibilidad alegando que la proposición se tramita por vía de urgencia y debe estar aprobada antes del 10 de mayo.
El debate se ha producido en la Junta de Portavoces de la cámara alta reunida este martes. A la propuesta de CiU se han sumado el resto de los grupos de la oposición, que consideran oportuno contar con más tiempo para analizar una ley compleja y que ha recibido tres vetos y 275 enmiendas parciales.
El asunto ha sido debatido y rechazado por la mayoría absoluta del PP en el Senado. La iniciativa, han argumentado los 'populares', se tramita en la cámara alta por vía urgente, lo que acorta los plazos de debate, enmiendas y aprobación, plazos que deben cumplirse y concluir antes del 10 de mayo, ha explicado el vicepresidente de la institución, Juan José Lucas.
El plazo de enmiendas concluyó el pasado viernes, día 26 de abril, y una semana después, el próximo viernes 3 de mayo, está convocada la comisión de Economía y Competitividad en la que se debatirá el texto remitido por el Congreso y todas las propuestas de los grupos parlamentarios. La aprobación definitiva en Pleno tendrá lugar el día 8 de mayo, la semana que viene.
El texto no sufrirá en el Senado ninguna modificación con respecto a lo que aprobó la cámara baja, por lo que una vez ratificado en el próximo pleno será enviado directamente al Boletín Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigor.
LARGA TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO
Pese a la rapidez del Senado, la tramitación en el Congreso se ha prolongado durante cinco meses, desde que el 15 de noviembre de 2012 el Gobierno aprobara el decreto ley de Protección a los Deudores Hipotecarios que, tras sumarse con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago, fue aprobado en el Congreso el pasado 18 de abril.
Tramitación además no exenta de polémica, ante las críticas de los promotores de la iniciativa ciudadana de que no se habían respetado sus peticiones --dación en pago retroactiva, moratoria universal de las ejecuciones y alquileres sociales para los afectados-- y también de la oposición, que cree que la norma no da una solución real al problema y que acusa a los 'populares' de aplicar el rodillo de la mayoría absoluta y no pactar cambios.
