SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla celebrará a partir de las 10.30 horas de hoy un macrojuicio en el que un total de 59 personas serán interrogadas como acusadas en relación con una trama de canjeo de falsos permisos militares de conducción por los habituales carnés de conducir. En el caso, un empleado laboral del Ministerio de Defensa deberá responder como supuesto autor material de la falsedad continuada, mientras que un mecánico de la Agrupación de Apoyo Logístico aparece como principal cooperador necesario.
Para acoger a esta cantidad de acusados y sus respectivas representaciones legales, inusual en los juzgados sevillanos, la Sala habilitará el Salón de Plenos de la Audiencia, que en un principio sólo está pensada para acoger los procedimientos con jurado popular.
Según la calificación de la Fiscalía de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre mayo de 1995 y enero de 1996, cuando se canjearon más de 50 permisos de circulación en la Jefatura Provincial de Tráfico. Los acusados eran supuestamente captados para adquirir un permiso militar de conducir, por un precio de entre 1.500 euros y 600 euros, para luego acudir a la DGT y canjearlo por uno habitual tipo B-1.
El acusado A.E.M., empleado de Defensa, siguió siempre el mismo método para la elaboración de los falsos permisos de conducir militares, utilizando diversas máquinas de escribir, varios selladores y distintos originales de este tipo de permisos. Por su parte, el citado mecánico, identificado como J.R.V., se encargaba de contactar con personas que desearan obtener de esta "ilícita forma" el carné de conducir.
Estas personas, también acusadas, entregaban a J.R.V. fotocopias de su DNI y las fotocopias que les pedía este acusado, así como una determinada cantidad de dinero, realizando A.E.M. los carnés militares necesarios para la permuta y las certificaciones de los jefes de unidades militares "mendaces" que luego eran canjeados por permisos de conducción de carácter civil.
SELLO 'CASERO'
En mayo de 1995, A.E.M. desempeñaba funciones como auxiliar administrativo en la Oficina de la Sección de Planes, Operaciones y Seguridad, en la Plana Mayor de la Unidad de Transportes, lugar donde tramitaba la documentación relativa a la expedición, canje y renovación de los permisos militares de conducción. En aquellas fechas, J.R.V. le propuso realizar un carné a uno de los otros acusados para luego canjearlo por uno civil, como así ocurrió.
En este caso en particular, A.E.M. cogió un permiso y le sacó una fotocopia, borrando con 'tipex' los datos y sustituyéndolos por los del beneficiario, añadiendo una fotografía de éste. Después, pegó el documento en una cartulina para conseguir el grosor adecuado y, así, un permiso muy similar al verdadero, estampando además un sello, muy parecido al que se utiliza en la realidad, que fabricó con una goma de borrar y el tapón de un tubo de pasta de dientes.
El fiscal continúa diciendo que A.E.M. cogió luego un impreso de certificación y lo rellenó con datos "inventados", estampando el sello destinado a tal fin en un "momento de descuido" de los compañeros de la Secretaría de la Unidad Militar. "A la vista del exitoso resultado" de esta primera operación a cambio de dinero, ya que se pudo retirar posteriormente el carné de conducir en la DGT tras el canjeo, A.E.M. y J.R.V. "decidieron continuar realizando acciones como la anteriormente descrita con la finalidad de proporcionar carné de conducir a personas que no lo poseían a cambio de dinero", incide el fiscal.
PENAS DE ENTRE UNO Y SEIS AÑOS
Los hechos serían constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial, del que es supuesto autor material A.E.M., y del que otros seis acusados, entre los que está J.R.V., responderían como cooperadores necesarios. Al primero se le piden seis años de cárcel, suspensión de todo cargo público y multa de 6.000 euros, mientras que a J.R.V. se le piden cinco años y multa de 4.500 euros, y a los otros cinco acusados una pena de cuatro años y dos meses junto a una multa de 3.000 euros para cada uno.
A cada uno de los restantes acusados, cuyas edades estaban comprendidas entre los 18 y los 59 años en el momento en que ocurrieron los hechos, el Ministerio Público pide una pena de un año de cárcel y una multa de 1.200 euros por un delito de falsedad en documento oficial.
