MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, aseguró hoy que los problemas que surjan en la Cañada Real desde el punto de vista urbanístico y desde el de seguridad son competencia de los ayuntamientos y del Ministerio del Interior, respectivamente, al tiempo que ofreció a estas administraciones la colaboración de la Comunidad de Madrid para solucionar los conflictos que se originen en la zona.
González respondía así a las palabras del secretario general del PSM, Tomás Gómez, quien ayer apuntó que la Comunidad de Madrid tenía competencias para solucionar los conflictos de la Cañada Real y acusó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de los derribos y desalojos que se han producido en los últimos días.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González lamentó que Gómez desconozca la competencias de la Comunidad de Madrid y le aconsejó que "se estudie las competencias de cada quien".
"Comprendo que está muy centrado en la función en la Alcaldía y conocerá muy bien cuáles son las competencias del ayuntamiento. Como estoy seguro de que se las conoce bien, debe saber que en la Cañada Real hay muchos problemas, porque es un tema muy complicado que se lleva consolidando desde hace 40 años y que tiene muchas dificultades por el paso del tiempo por las características que se han ido asentando allí", explicó.
Acto seguido, González mantuvo que en la Cañada Real hay dos problemas fundamentales: uno de disciplina urbanística, de competencia municipal, y uno de orden público y seguridad "que exigen la intervención de Interior y de la Delegación de Gobierno" que, según dijo, "son los responsables".
El 'número dos' del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre indicó que la Comunidad de Madrid, a pesar de que está actuando en el ámbito de sus competencias, está dispuesta a colaborar con otras administraciones "para tratar un tema que tiene mucha dificultad".
En este sentido, precisó que el Gobierno regional está reforzando la vigilancia para tratar de que en las vías pecuarias, competencia de la Administración regional, "no se vuelva a producir ningún asentamiento ilegal".
