MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la querella por omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa que fue interpuesta el pasado mes de marzo por el Centro Jurídico Tomás Moro contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y el también fiscal de este órgano Fernando Burgos, por retirar la acusación contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio que se celebró contra él por un homenaje que dispensó a la etarra fallecida Olaia Castresana.
En su auto, del que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, la Sala de lo Penal del Supremo rechaza el recurso de súplica interpuesto por esta asociación jurídica contra la resolución incial de archivo que dictó el pasado 18 de julio, que confirma en todos sus términos. Entre ellos, el de condena al pago de costas por los demandantes.
ACTUÓ SIN INFLUENCIAS.
Así, reafirma el Supremo que el cambio de criterio y retirada de la acusación "en modo alguno puede considerarse constitutiva de delito,", ya que tanto el Ministerio Fiscal como el resto de partes "no pueden dejarse influenciar por avatares o presiones externas en la valoración de la tipicidad o atipicidad de una conducta".
El alto Tribunal reconoce a al representante del Ministerio Público "un espacio propio de autonomía en la decisión que aquel adopte de forma razonable, como corresponde a toda actividad valorativa que se efectúa a partir de los concretos materiales analizados para determinar si tienen o no contenido incriminatorio", y concluye que esto es lo que ha ocurrido en este caso.
"En definitiva -añade el auto-, no existía en la querella ningún hecho susceptible de justificar la iniciación del proceso penal, y por tanto el rechazo 'a limine' (de plano) estaba justificado sin lesión al derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva, pues esta existe aún con el rechazo realizado 'a limine' de la querella".
El presidente de esta asociación jurídica querellante, Javier María Pérez-Roldán, estimó en su día "contrario a derecho" que el Ministerio Fiscal retirara la acusación contra Otegi por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo en el homenaje a Castresana, puesto que al no existir más acusaciones esta situación obligó al tribunal a absolverle.
Durante el citado juicio -que se celebró diez horas más tarde de su convocatoria oficial porque hubo que detener a Otegi en el País Vasco y trasladarle en avión a la Audiencia Nacional tras constatar su incomparecencia-, el fiscal Burgos retiró su petición inicial de 15 meses de meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo contra el líder de la izquierda abertzale.
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