MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a ampliar los delitos de odio para proteger a las personas sin hogar de los delitos de odio y que se tomen medidas para concienciar a los ciudadanos de este tipo de conductas delictivas, ayudarles a identificarlas y animarles a denunciarlas de manera que ninguna agresión quede sin respuesta penal.
La iniciativa de los 'populares', que ha sido debatida en la Comisión de Interior, ha salido adelante gracias al apoyo de Ciudadanos, el único que ha recibido, mientras que el PSOE y Unidos Podemos han optado por la abstención.
Los socialistas han defendido que esta cuestión requiere de una ley integral, demanda que han presentado en forma de enmienda, que los 'populares' no la han aceptado. De su lado, los de Pablo Iglesias han criticado que se pretenda hacer un uso "exclusivo" del Código Penal para combatir los delitos de odio.
La diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, que también se ha abstenido, se ha mostrado dispuesta hablar de delitos de odio si se entiende como tales el racismo y la xenofobia pero se ha quejado d de que el Gobierno pueda aprovechar esta iniciativa para ampliar a otros asuntos, en referencia a los incidentes de Alsasua (Navarra).
CUATRO DELITOS DE ODIO AL DÍA
Según los datos aportados por el Ministerio del Interior, en España se producen cerca de cuatro delitos de odio al día. Durante el año 2015 las Fuerzas de Seguridad detectaron 1.324 casos, lo que supone un 13% más que en el año anterior.
En concreto, en el texto aprobado se emplaza al Gobierno a "abordar la reforma legislativa necesaria para incluir a las personas sin hogar dentro del marco de protección penal" ya establecido para otros colectivos, que son víctima de los delitos de odio.
Esta modalidad delictiva viene motivada por el odio y la discriminación y tiene su origen en prejuicios basados en la discapacidad, la raza, el país de procedencia, la religión, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social y cualquier otra circunstancia o condición social o personal.
Además, la iniciativa anima al Gobierno a continuar implicándose en el combate de estos delitos, manteniendo las campañas de concienciación con el fin de que ninguno se quede sin denunciar. En este sentido, pide medidas para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de cualquier indicio delictivo, de manera que se puedan actuar los protocolos de actuación previstos.
También plantea que se haga una encuesta entre las personas afectadas por estos delitos, para incrementar el conocimiento sobre este fenómeno y mejorar la atención a las víctimas por parte de las Fuerzas de Seguridad.
OFICINA NACIONAL Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Otra de las medidas es la creación de una Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, dentro del Ministerio del Interior, que sirva de enlace permanente a los colectivos de víctimas con el Ejecutivo y las Fuerzas de Seguridad y coordine la formación de estas últimas en esta materia.
De la misma forma, demanda la puesta en marcha de un plan integral contra estos delitos, orientado a la prevención en aquellos ámbitos sociales donde se producen estos hechos y centrado especialmente en las víctimas.
