El PP es el autor de todas las solicitudes, todas dirigidas a ministros del PSOE y ninguna a miembros de Unidas Podemos
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para el próximo miércoles, día 25 de agosto, la reunión de la Diputación Permanente en la que se decidirá si se autorizan o no las peticiones de comparecencia extraordinaria del presidente Pedro Sánchez y diez de sus ministros, todos ellos de la parte socialista del Ejecutivo y reclamados por el PP.
Dado que los meses de verano están fuera de los periodos ordinarios de sesiones, como establece la Constitución, es la Diputación Permanente del Congreso, una representación a escala del Pleno, la que tiene la última palabra sobre las comparecencias pedidas por la oposición.
A lo largo de las últimas semanas, el PP ha ido registrando peticiones de comparecencia de Sánchez y de varios ministros exigiendo explicaciones urgentes por asuntos como la subida del precio de la luz, la crisis de Afganistán, la devolución de menores de Ceuta a Marruecos o la evolución del calendario de vacunación.
DOS PLENOS EXTRAORDINARIOS
Así, la comparecencia del presidente del Gobierno se pide en el Pleno del Congreso para que rinda cuentas por la crisis de Afganistán y el plan de repatriación del personal diplomático allí destinado, y por la sentencia del TC que declaró inconstitucional el estado de alarma de 2020.
Por esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma el PP también pide la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que formaba parte del equipo de Moncloa cuando se aprobó ese decreto.
Asimismo, el PP quiere que los ministros de Industria, Reyes, Maroto, y de Exteriores, José Manuel Albares, expliquen al Congreso "los logros" del viaje que el presidente Sánchez realizó el pasado mes de julio a Estados Unidos.
El jefe de la Diplomacia es reclamado también por otro dos asuntos: la crisis de Afganistán y el conflicto diplomático con Nicaragua después de los comunicados contra España y la consiguiente llamada a consultas de la embajadora en Managua.
A la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se le piden explicaciones sobre las consecuencias y responsabilidades de la decisión judicial de suspender la ayuda pública de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, que había sido cuestionada por la oposición.
EL PRAT Y NATURGY, ESCOLLOS ENTRE PSOE Y PODEMOS
La comisión bilateral con Cataluña de principios de mes y el anuncio de inversiones millonarias en el aeropuerto de El Prat, rechazadas por Unidas Podemos es otro de los temas que planteará el PP en la Diputación del miércoles, exigiendo explicaciones a la ministra de política Territorial, Isabel Rodríguez, y a la titular de Transportes, Raquel Sánchez.
El Grupo Popular reclama además comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para aclarar si las pruebas de los MIR está en la negociación con Cataluña, algo que confirma la Generalitat y que el Gobierno niega, y para dar cuenta del proceso de vacunación y del incumplimiento del compromiso de alcanzar en estas fechas el 70% de la población inmunizada.
La decisión del Gobierno de autorizar la venta de un porcentaje de Naturgy a un fondo australiano con sede en las Islas Caimán, un asunto que suscitó las críticas incluso de Unidad Podemos, motiva otras dos peticiones de comparecencia del PP, concretamente las vicepresidentas primer y responsable de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta cuarta y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Además, a la vicepresidenta Teresa Ribera se le exigen también explicaciones ante el continuo incremento del precio de la luz, que ha alcanzado sucesivos máximos históricos en plena ola de calor.
Por último, el PP tiene pedida la comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para dar explicaciones de las causas por las que se están denegando las solicitudes de nacionalización a descendientes de sefardíes.
En la reunión del próximo miércoles se debatirán y votaran las comparecencias planteadas y, aquellas que prosperen, habrán de celebrarse antes del 1 de septiembre, inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones. El Gobierno, si lo desea, puede evitar la votación poniendo fecha a las comparecencias reclamadas.
