El Pleno celebrará tres votaciones en urna para elegir a los miembros de cada una de las instituciones
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados nombrará este martes a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a los cuatro magistrados pactados por PP, PSOE y CiU para el Tribunal Constitucional y a los seis consejeros que le corresponde designar para el Tribunal de Cuentas.
La semana pasada los candidatos al Constitucional y al Tribunal de Cuentas desfilaron por la Comisión Consultiva de Nombramientos de la Cámara Baja, donde recibieron el correspondiente plácet de 'populares', socialistas y nacionalistas catalanes, aunque con el voto contrario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). El resto de grupos parlamentarios no asistieron a esta cita parlamentaria para mostrar su disconformidad con el 'reparto'.
También Becerril acudió a principios de julio a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo para defender su candidatura y dar cuenta ante la Cámara Baja de las líneas maestras de su labor al frente de esta institución. La futura Defensora deberá, no obstante, volver a su correspondiente comisión parlamentaria para presentar a sus adjuntos: el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán y un segundo aún por determinar del PP.
TAMBIÉN LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Lo propio hicieron los cinco aspirantes a la Junta Electoral Central, que también fueron examinados por la Comisión Consultiva de Nombramientos la semana pasada, pero en este caso su nombramiento siguió un camino diferente, pues es la Mesa del Congreso la encargada de formalizarlos, como así hizo en su reunión del pasado martes.
Así, el Pleno del Congreso celebrará este martes tres votaciones separadas y en cada una de ellas los diputados depositarán su papeleta en una urna para la elección de Becerril como Defensora del Pueblo, así como de los aspirantes al Constitucional y al Tribunal de Cuentas respectivamente, cuya designación requiere una mayoría de tres quintos (210 diputados). El pacto PP-PSOE garantiza con holgura ese mínimo.
Con ello, la Cámara Baja formalizará mañana el nombramiento de Becerril, que se convertirá así en la primera mujer propuesta para la institución del Defensor del Pueblo en la Historia de la democracia española y que sustituye en el cargo a Enrique Múgica, cuyo mandato terminó en 2010.
Además, el Pleno elegirá las cuatro plazas reservadas para el Tribunal Constitucional, que serán ocupadas por Juan José González Rivas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y Andrés Ollero Tassara, catedrático de Derecho, exdiputado del PP y exmiembro de la Junta Electoral Central, a instancias de los 'populares'.
Por parte de los socialistas están la magistrada Encarnación Roca, propuesta por el Parlament en 2008 a instancias del PSC, y que cuenta con el visto bueno de CiU, y Fernando Valdés, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
PUNTO Y FINAL AL COMPROMISO DE RAJOY Y RUBALCABA
De los seis miembros que corresponde elegir al Congreso --la otra mitad serán nombrados por el Senado--, cuatro han sido propuestos por el PP --Ramón Álvarez Miranda García (propuesto para presidente), Ángel Algarra Paredes, María José de la Fuente y de la Calle y José María Suárez Robledano-- y dos por el PSOE --Enriqueta Chicano Jávega (expresidenta de la Federación de Mujeres Progresistas) y María Antonia Lozano Álvarez (magistrada de la Audiencia Nacional pactada con IU)--.
Con estas votaciones, PP y PSOE pondrán fin al compromiso al que llegaron el pasado 25 de mayo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de culminar antes del verano la renovación de las plazas vacantes en el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central y el Tribunal de Cuentas.
Fue el pasado mes de junio cuando las encargadas de cerrar este acuerdo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, redoblaron esfuerzos para tratar de culminar a tiempo el pacto sellado por sus respectivos líderes y concluir con las renovaciones de los órganos constitucionales, algunos de los cuales llevaban dos años en una situación de interinidad.
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