El PP quiere que se cite también a Dolores Delgado para analizar la imparcialidad de la Fiscalía, pero PSOE y Unidas Podemos se oponen
MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Calidad Democrática del Congreso recibirá este miércoles a los máximos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para escuchar cómo creen que se podría mejorar su independencia y la del resto de órganos reguladores.
Ambos comparecerán en el marco de la subcomisión que ha creado el órgano que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón, con el fin de acordar medidas destinadas a reforzar la imparcialidad de este tipo de órganos así como de las agencias independientes.
Las comparecencias de expertos en esta materia ya arrancaron el pasado mes de diciembre con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), Cristina Herrero.
El PP quiere que la comisión cite también para hablar de la independencia del Ministerio Fiscal a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pero su comparecencia fue vetada en primera instancia por el PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la mesa de este órgano, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
CEÑIRSE A LOS TEMAS ACORDADOS
El presidente de la comisión se abstuvo la primera vez que se abordó el asunto e hizo un llamamiento a todos los grupos para actuar con responsabilidad y no convertir la subcomisión en un espectáculo con asuntos ajenos a la misma.
Pero, dado que Errejón no es partidario de que se impongan vetos en las comparecencias y de que, si no hay acuerdo en la mesa de una comisión el tema puede elevarse al plenario de la misma, se ha acordado votar la solicitud del PP, lo que tendrá lugar el próximo miércoles.
Una vez que la subcomisión finalice las comparecencias relativas a la independencia de los reguladores, convocará una nueva ronda esta vez para recabar recetas destinadas a mejorar la protección a los denunciantes de corrupción.
En ese contexto, el PP ha solicitado que se cite a José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos que denunció presuntas irregularidades cometidas por el partido como la contratación ficticia de la consultora 'Neurona'.
QUE ACUDA TAMBIÉN CALVENTE
Pero esta solicitud recorrió el mismo camino que la de Delgado, se topó con el 'no' del PSOE y Unidas Podemos en la mesa de la comisión, pero también será sometida a votación este miércoles. No obstante, la previsión es que ambas sean rechazadas puesto que, en principio, sólo recibirán el apoyo de Vox y, en su caso, de Ciudadanos.
Calvente es denunciante del caso 'Neurona', donde el juzgado de instrucción 42 de Madrid investiga la posible existencia de un contrato simulado entre esta consultora política y Podemos para la campaña electoral de 2019 con el presunto objetivo de desviar dinero de las cuentas 'moradas'; y testigo en el caso 'Dina', donde la Audiencia Nacional trata de averiguar cómo apareció en casa del ex comisario José Manuel Villarejo y acabó publicada la información contenida en un móvil robado a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham.
Precisamente, el debate sobre si Calvente debe acudir al Congreso se producirá justo una semana después de que el Supremo devolviera al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón las actuaciones que remitió al alto tribunal el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y he exhortara a agotar la investigación en el denominado caso 'Dina'.
Los 'populares' consideran que la experiencia de Calvente puede servir para ilustrar a los diputados sobre las represalias que suelen sufrir quienes denuncian corrupción. Y es que, el exabogado denuncia que, tras investigar y cuestionar los hechos presuntamente delictivos que achaca a dirigentes de Podemos, el partido emprendió contra él un "grave proceso de hostigamiento y represalia personal y laboral".
Podemos le despidió en diciembre de 2019 alegando una denuncia por acoso sexual, aunque después admitió que fue un despido improcedente y acordó indemnizarle con 35.000 euros. Además, un juzgado archivó la denuncia de acoso sexual y laboral que presentó en su contra quien fue su compañera en el gabinete jurídico, Marta Flor.
