MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la moción pactada por Ciudadanos, el PP y Vox que reclamaba el fin de los "repartos políticos" en los nombramientos de los órganos constitucionales que contribuyan a su "politización" y "descrédito".
Se trata de una moción consecuencia de la interpelación sobre la despolitización de las instituciones que los 'naranja' dirigieron la semana pasada al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Sus impulsores sólo han logrado el apoyo de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, mientras que el resto del hemiciclo ha votado en contra.
La moción se debatió este miércoles pero se ha sometido a votación ese jueves con las enmiendas que los de Pablo Casado, los de Santiago Abascal y una autoenmienda de Cs, que han supuesto cambios de redacción y algunos añadidos en el texto original.
CONTRA LAS INJERENCIAS PARTIDISTAS
Así, tras incorporar propuestas planteadas por el PP como "mejoras técnicas", los tres partidos pretendían que el Congreso proclamase como "condiciones irrenunciables" la "neutralidad y la ausencia de injerencias partidistas en las instituciones son condiciones irrenunciables".
Además, la moción emplazaba a los grupos a comprometerse "a no participar en repartos políticos de los nombramientos que puedan incidir en la politización o el descrédito de los órganos constitucionales".
Inicialmente ese segundo punto de la moción recogía un compromiso de la Cámara para "no participar en cuales quiera negociaciones políticas" que puedan incidir en esa politización lo que, en la práctica, podría suponer que los grupos abjuraran de negociar la renovación de los órganos constitucionales.
CAMBIOS LEGISLATIVOS
También se modificó el punto en el que Cs reclamaba expresamente que no se eligieran candidatos "por afinidad política". En su lugar se ha votado la redacción impulsada por el PP y el Congreso ha rechazado comprometerse "a elegir por razones de mérito y capacidad" a los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, los consejeros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y los órganos de gobierno de Radio Televisión Española.
Por su parte, Cs se ha autoenmendó para afinar más su propuesta inicial sobre la modificación en el método de elección en algunos órganos. En concreto, en cuanto al CGPJ, reclamaba que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados.
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Además, añadió una petición para que el fiscal general del Estado no sea nombrado directamente por el Gobierno, sino que sea elegido mediante acuerdo de dos tercios del Congreso y entre personas de prestigio "que no hayan ostentado cargo político alguno en los diez años anteriores".
La enmienda de Vox buscaba instar al Gobierno a aprobar un proyecto de ley para que los directivos de la Administración General del Estado y del Sector Público institucional sean designados atendiendo a principios de mérito, competencia y capacidad, y a criterios de idoneidad, experiencia profesional, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
