MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia, que permitirá pasar "del legajo al expediente electrónico", en palabras de Francisco Caamaño, ministro de Justicia, y cuyo objetivo es también regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de ciudadanos y profesionales del derecho.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, Caamaño ha manifestado que esta ley trata de "pasar del legajo al expediente electrónico, de la certificación por correo ordinario a la certificación por correo eléctrico". El objetivo, según ha argumentado el titular de Justicia, es lograr "que la unidad del Poder Judicial sea una realidad en la práctica".
Esta Ley, según ha informado el Ministerio de Justicia mediante una nota de prensa, establece marcos estables y vinculantes de colaboración, cooperación y coordinación entre las administraciones con competencia en materia de Justicia.
Su impacto económico será positivo, a juicio de Justicia, puesto que agiliza la tramitación de los procedimientos y elimina muchas de las cargas que para la ciudadanía tiene el acceso al sistema de justicia.
PLAN EUROPEO.
Esta norma supone la plasmación en el ámbito del Estado Español del Plan de acción e-Justicia de la Unión Europea, que propone una estrategia para cuyo objetivo es mejorar la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos, y por ello el departamento del Caamaño la considera "un reflejo del carácter unitario del Poder Judicial establecido en nuestra Constitución"
En primer lugar, se reconocen los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración de Justicia, a la que podrán acceder electrónicamente. La Ley que se propone regula también el régimen jurídico de la administración judicial electrónica.
Así, se reglamenta la 'sede judicial electrónica', que es el canal a través del cual se pueden realizar todas las actuaciones, tanto por parte de los ciudadanos como los profesionales del ámbito de la administración de Justicia.
Para facilitar este acceso, se crea un Punto de Acceso General de la Administración de Justicia, que permite acceder a las distintas sedes y subsedes. También se regula la firma electrónica para autentificar los documentos que integran los diversos expedientes judiciales.
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA ÍNTEGRA
Otro aspecto fundamental en la nueva Ley es el establecimiento de normas que hagan posible la íntegra tramitación electrónica de los procesos judiciales gracias al expediente judicial electrónico.
En la nueva norma se regulan igualmente las peculiaridades y características de la tramitación electrónica de los expedientes judiciales, al presentar determinadas características que la diferencian de la tramitación en papel. Finalmente, se recogen las características básicas que deben tener las aplicaciones y sistemas de información utilizados para esta tramitación electrónica, a fin de garantizar en todo caso la seguridad y la accesibilidad.
COOPERACIÓN CON AUTONOMÍAS.
En el marco de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, las acciones de alto coste o de dificultad tecnológica, como son los puntos de acceso multicanal, la aceptación de la firma electrónica reconocida o la interconexión entre administraciones estarán soportadas por las infraestructuras comunes facilitadas por el Ministerio de Justicia, añade el Ministerio.
Asimismo, todas las aplicaciones desarrolladas o que vayan a ser desarrolladas por el Ministerio de Justicia están disponibles para su utilización por las comunidades autónoma con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, permitiéndoles la adecuación a los requisitos establecidos en la ley sin incremento presupuestario.
