MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Fiscal dio hoy el visto bueno al informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que reforma el Código Penal que critica la modificación de los artículos sobre la prescripción de los delitos, porque mantiene la confusión respecto al momento en que se extingue la responsabilidad penal, lo que perjudica especialmente a los derechos de las víctimas, informó la Fiscalía General del Estado.
El Consejo debatió hoy el informe redactado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado tras la exposición realizada por la vocal Rosa Rubio. El informe recibió la "aprobación general" del Consejo Fiscal. Una vez realizadas algunas "acotaciones técnicas" al texto propuesto, se efectuará el informe definitivo, que se remitirá al Ministerio de Justicia.
Por otro lado, tras escuchar al Consejo Fiscal, el Fiscal General de Estado, Cándido Conde-Pumpido, propondrá al Gobierno el nombramiento del teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Palencia, Ricardo González Cerrón, como fiscal jefe de esa Fiscalía, después de 23 años en el Ministerio Público.
Como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Conde-Pumpido aconsejará la designación del fiscal decano en la Adscripción de Ponferrada (León), Jacinto Fernández Villalvilla, quien cuenta con una antigüedad de 14 años. También pedirá la renovación en su puesto por otros cinco años del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca, Felipe Zazurca González.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Uno de los aspectos que el Consejo Fiscal critica es el relativo a la prescripción de los delitos, que según el anteproyecto quedará interrumpida "cuando el procedimiento se dirija contra persona determinada que aparezca indiciariamente como culpable". Sin embargo, el Consejo Fiscal propone concretar el tipo de actos que interrumpen la prescripción.
Según el informe del Consejo Fiscal, "la utilización de cláusulas generales en la regulación de la prescripción no resulta conforme con el principio de legalidad, porque favorece la inseguridad jurídica al permitir resolver en más de un sentido".
Además, subraya que el nuevo criterio puede afectar negativamente a los derechos de las víctimas, puesto que entre la recepción de la 'notitia criminis' por un órgano judicial y la realización de la primera 'actuación material sustancial' del juez puede ocurrir que el delito caduque por motivos no imputables a quien lo sufrió. Por todo ello, se propone modificar la redacción de este artículo.
Por otra parte, el informe considera "perturbadora" la agravante genérica que introduce la reforma para los delitos de estafa, ya que si quiere introducir una específica referencia a la imputación subjetiva tendente a eliminar cualquier interpretación contraria al principio de culpabilidad y desterrar el más mínimo vestigio de responsabilidad objetiva, debería hacerse mediante la modificación de los subtipos agravados, "que el Anteproyecto curiosamente no aborda".
El escrito explica que la agravación no es, propiamente, una circunstancia coetánea al delito, sino posterior, porque se basa en la ruina o postración económica de la víctima o su familia. "Los problemas probatorios serán arduos, existiendo el riesgo de confundir las responsabilidades a indemnizar por el culpable con la estimación de la nueva agravante", concluyen los fiscales.
En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, el Consejo considera "adecuado" que la reforma aborde "de forma decidida la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, superando definitivamente el axioma 'societas delinquere non potest'", como ya ocurre en otros países de nuestro entorno.
La Fiscalía entiende que el sistema de incriminación específica establecido en la reforma es el adecuado, aunque sugiere añadir a su responsabilidad otras infracciones diferentes, además de los delitos de ámbito económico. En este sentido, explica que "la finalidad de la propuesta es 'abrir' al puerta a la incriminación de la sociedad a través de quienes 'realmente' controlan la sociedad".
Por otra parte, el Consejo Fiscal "valora positivamente" que la reforma del Código Penal prevea penas de cárcel para los integrantes de bandas de delincuencia organizada (con penas de hasta 9 años de cárcel). En este sentido, subraya que la "agravación de la respuesta penal" ante este tipo de organizaciones se produce "en consonancia con la trascendencia que internacionalmente ha adquirido la delincuencia organizada". También acoge favorablemente que se pueda decretar la disolución, u otras medidas sancionadoras, contra estas bandas criminales.
