Consejo.- El Gobierno remite a las Cortes la Convención sobre Municiones de Racimo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros remitió hoy a las Cortes Generales la Convención sobre Municiones de Racimo y solicitó su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. La Convención fue firmada por el Gobierno español el pasado 3 de diciembre en Oslo, después de que su firma fuera aprobada el 14 de noviembre por el Consejo de Ministros.

"Se dio así cumplimiento a la voluntad expresada por el Parlamento en la Disposición final quinta de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, por la que se instaba al Gobierno a promover y apoyar las iniciativas nacionales e internacionales que tuviesen por objetivo la restricción, y en su caso, la prohibición de las bombas de racimo, especialmente peligrosas para las poblaciones civiles", afirmó hoy el Consejo.

El Preámbulo de la Convención identifica a las minas de racimo como importantes causantes de sufrimiento innecesario entre la población, durante y, sobre todo, en situaciones posteriores a un conflicto. Asimismo, contextualiza el problema en relación con la obstrucción al desarrollo económico y social, pues impide la rehabilitación posterior al conflicto y propone la asistencia a víctimas, sus familias y comunidades.

El Convenio prohíbe emplear, desarrollar, producir, adquirir, transferir, ayudar, alentar o inducir a terceros municiones de racimo (ampliado a bombetas explosivas y excluyendo a las minas).

En cuanto al almacenamiento y destrucción de las municiones de racimo existentes, deberán ser separadas y marcadas para su destrucción, siguiendo normas internacionales para la protección salud pública y respeto al medio ambiente, en un plazo máximo de ocho años, con la posibilidad de prórrogas adicionales de cuatro años.

Existe la posibilidad de retención de un número limitado de municiones de racimo para entrenamiento en técnicas de detección, limpieza y destrucción, en cuyo caso se presentará un informe detallado al respecto.

La limpieza de zonas afectadas por restos de municiones de racimo y sobre su destrucción deberá completarse antes de diez años y posibilidad de prórrogas adicionales por periodos de hasta cinco años.

La norma también trata de la obligación de la asistencia a víctimas, que incluye atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico, y medidas para su inclusión social y económica, que deberá figurar en un plan nacional que tendrá asignado un presupuesto.