CORR.- Cinco ediles del PP de Castro dejan el ayuntamiento, y los dos imputados se dan de baja temporal del partido

El PP de Cantabria ha acordado abandonar el equipo de gobierno de Castro Urdiales y, además, ha dado de baja de forma "temporal" a los ediles imputados por presunta prevaricación en la adjudicación de dos obras, José Miguel Rodríguez López, concejal de Hacienda, y Concepción Carranza, responsable de Cultura, para quienes la Fiscalía pide ocho años y nueve meses de inhabilitación.

Así lo anunció hoy, en rueda de prensa, el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, quien explicó que ambas decisiones se acordaron ayer, en el Comité Ejecutivo Regional del partido.

Ahora dependerá de los propios Rodríguez López y Carranza si se quedan o no en el equipo de gobierno, ya que una vez dados de baja del PP, el partido no tiene competencias sobre las decisiones que tomen. Los que sí dejan el equipo de Gobierno con toda seguridad son los otros tres ediles 'populares' en la Corporación, Iván González Barquín, Ana Gloria Zubiaurre Sánchez y Agustín Fernández.

En este nuevo escenario político en Castro, el líder de los 'populares' cántabros subrayó la disposición del PP al "diálogo abierto" con "cualquiera que quiera hablar" sobre la situación por la que atraviesa el municipio. La finalidad es, según dijo, "trabajar" por el "bien" de Castro Urdiales y para que no haya ingobernabilidad en el Ayuntamiento "en ningún momento".

Diego explicó que fueron los propios ediles imputados quienes solicitaron, a través de una carta, la suspensión de militancia para "evitar dañar la imagen del partido", tanto a nivel regional como local.

En cualquier caso, recalcó que la baja es "temporal", hasta que se declare su "inocencia", algo de lo que se mostró convencido el líder del PP. Por ello, deseó que los tribunales actúen "con la mayor celeridad posible" y determinen cuanto antes que Rodríguez López y Carranza son "inocentes".

Tras reiterar la disposición del PP a "dialogar", Ignacio Diego opinó que el Gobierno de Cantabria "se ha convertido en el verdadero problema de los castreños" porque, a su juicio, el Ejecutivo ha "abandonado" al municipio, y se ha limitado a ejercer "presión política" y "partidaria".