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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha instado hoy al Gobierno, a iniciativa de CiU y con el voto en contra de PSOE y el Grupo de ERC-IU-ICV, a que indemnice económicamente a los propietarios españoles que perdieron sus bienes y derechos tras la declaración de independencia de Guinea Ecuatorial.
Según la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la Cámara Baja urge al Ejecutivo a que presente un plan para reparar económicamente a estas personas. CiU pretendía que las cuantías se establecieran en el plazo de seis meses, pero a última hora cambió la redacción de su propuesta.
La diputada del PSOE Rosa Delia Blanco ha explicado a Europa Press el voto en contra de su grupo a este punto de la iniciativa --cada enumerado de la proposición, de un total de tres, se ha votado por separado--.
Tras recordar que en el último Gobierno de Felipe González ya se indemnizó a los trabajadores asalariados del sector de la madera que se vieron perjudicados por la descolonización, Blanco rechazó que se resarza a los propietarios, vinculados en gran parte a la Armada española en la época de Franco, como es el caso de Milán del Bosch (implicado en el fallido golpe del 23-F) o el almirante y ex presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco.
La iniciativa que ha salido adelante en el Congreso con los votos a favor de CiU, PP, PNV y UPN precisa que este plan de reparación "tendrá en cuenta la actual situación de crisis financiera en la ordenación de las cantidades económicas y en los plazos para la compensación de los afectados".
El PSOE añadió a la iniciativa una enmienda de sustitución, que fue aprobada por unanimidad, por la que se pide al Ejecutivo que preste asistencia consular a aquellos ciudadanos que decidan acudir a los tribunales ecuatoguineanos en defensa de sus intereses.
Un tercer punto de la proposición propuesta por CiU (este grupo cambió a última hora la redacción de su iniciativa) solicita al Gobierno que comunique de forma inmediata al Congreso los trabajos realizados para elaborar un censo de residentes y propietarios españoles en Guinea Ecuatorial antes de la independencia del 12 de octubre de 1968, en cumplimiento de otra proposición no de ley aprobada en 2006.
Tras la independencia de Guinea Ecuatorial en octubre de 1968, el Gobierno ordenó en febrero del año siguiente la evacuación urgente de todos los ciudadanos españoles residentes en Guinea Ecuatorial, que tuvieron que dejar atrás todos sus bienes.
Después del golpe de Estado de 1974, el presidente Teodoro Obiang pidió a los propietarios españoles, especialmente a los agricultores, que volvieran a Guinea y pusieran de nuevo en funcionamiento las plantaciones que quedaron abandonadas.
Algunos españoles volvieron a sus fincas e invirtieron para sacarlas adelante pero este intento terminó en fracaso debido a que el café y el cacao recolectado quedaba intervenido en su exportación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, que liquidaba al propietario el 10 por ciento de su valor en el mercado internacional.
Para los propietarios se convirtió en inviable la explotación de sus fincas y en su mayoría abandonaron los terrenos al cabo de dos años. Esas hectáreas las fueron ocupando ciudadanos guineanos y se consumó así la expoliación iniciada años antes, relata CiU en la exposición de motivos de la iniciativa.
