Las Cortes instan al Tribunal de Cuentas a realizar un estudio de las nuevas entidades públicas autonómicas y locales

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas instó hoy al órgano fiscalizador a que realice un estudio sobre las nuevas entidades públicas autonómicas y locales creadas en los últimos cinco años y le pidió además que vigile que las comunidades autónomas cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Estas son algunas de las propuestas de resolución al informe de fiscalización de los sectores públicos autonómico y local correspondiente a 2003 que fueron aprobadas esta mañana por dicha Comisión tras ser evaluadas por los diputados y senadores que la integran.

Las Cortes dieron así el visto bueno a la resolución del PP que solicita al Tribunal de Cuentas que elabore un estudio sobre la evolución en la creación de entidades públicas autonómicas y locales durante los últimos cinco años, atendiendo a las distintas formas jurídicas que hayan podido adoptar y evaluando la "necesidad y justificación de las mismas".

Asimismo, la comisión instó al Tribunal de Cuentas a que siga efectuando el análisis del cumplimiento de estabilidad presupuestaria en todas las comunidades y ciudades autónomas una vez que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó permitir a los gobiernos regionales un nivel de endeudamiento que no supere el 1 por ciento de su PIB.

ANALIZAR TODOS LOS CONTRATOS

La Comisión solicitó además al órgano fiscalizador que especifique en su informe global sobre el sector público autonómico y local el cumplimiento de la obligación por parte de estas entidades de remitir información y documentación sobre sus contratos y que éstos sean analizados por el Tribunal de Cuentas con independencia de que la fiscalización la haya realizado él mismo o los órganos de control externos de las comunidades.

Asimismo, se insta a las autonomías que se benefician de los fondos de compensación a "identificar con precisión" los proyectos que financian con dichos fondos y a reconocer "adecuadamente los derechos procedentes" de los mismos.

Las Cortes piden también que el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades actualicen la presentación de sus informes sobre el sector público para evitar que estos sean aprobados con varios años de retraso sobre el ejercicio analizado, así como que diseñen un procedimiento de rendición telemática de estas cuentas.

La Comisión aprobó además las resoluciones al informe fiscalizador de 2003 presentadas por el senador por Navarra Francisco Javier Tuñon San Martín que instan a las comunidades autónomas a "revisar y evaluar" el sector público empresarial y fundacional, procediendo así a una "mayor racionalización en relación con su oportunidad, justificación y la existencia de empresas con objetivos similares".

En esta línea se expresan los textos presentados por el PSOE, que solicitan a las comunidades autónomas que rindan cuentas de las entidades que componen el sector público autonómico, administrativo, empresarial y fundacional en el plazo correspondiente, así como a atender el correcto tratamiento contable de las operaciones de crédito y de fondos de la Unión Europea y procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.

Además, la Comisión aprobó esta mañana las propuestas de resolución de CiU que instan a los ayuntamientos a rendir sus cuentas a los órganos de control externo "en tiempo y forma" normativamente establecidos y a las comunidades autónomas a presentar memorias sobre la ejecución de los presupuestos por programas que permitan analizar la gestión del gasto con criterios de "eficacia, eficiencia y economía".

GASTOS EN ELECCIONES AUTONOMICAS

En cuanto a las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios relativas a los informes de fiscalización de las contabilidades de las elecciones autonómicas de 2007 en Murcia, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Aragón.

Respecto a este asunto, la Comisión hace suyos criterios del Tribunal de Cuentas sobre la justificación de los ingresos y gastos electorales, especialmente en lo referente a los gastos por envío de papeletas y propaganda. También exigió a los partidos que los proveedores que han contratado para que les presten determinados servicios electorales "informen adecuadamente" al Tribunal de Cuentas sobre estas actividades.

Además, las Cortes abogaron por que las distintas formaciones políticas cumplan lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en cuanto al registro de todos los ingresos y pagos electorales a través de una cuenta bancaria abierta específicamente para ese fin.

Propusieron también que el Tribunal de Cuentas remita sus informes de fiscalización sobre gastos electorales a la subcomisión parlamentaria que estudia una eventual reforma de la Ley Electoral para que los grupos tengan en cuenta las recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador.

La Comisión considera necesario incluir la regulación de las subvenciones por gastos de campaña y, específicamente, los referidos a los envíos postales, entre los debates sobre las posibles reformas de la legislación electoral.

Planteó, por último, establecer un "adecuado régimen sancionador" ante los incumplimientos e infracciones de la regulación prevista en la normativa electoral, incorporando la posibilidad de inhabilitar para futuros procesos electorales a las formaciones políticas que infrinjan gravemente esta normativa.