ÓRGIVA (GRANADA), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Órgiva (Granada) ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Antonio Herrera, el 'jamonero de Trevélez', acusado de estafar 25 millones de euros a vecinos de la Alpujarra, por la posible comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y contra la hacienda pública, estos tres de forma continuada, además de por alzamiento de bienes y delitos societarios.
Fuentes judiciales informaron a Europa Press de la decisión adoptada por el juez, después de que el presunto estafador, que huyó a finales de 2004 y que ha sido trasladado esta semana a España procedente de la República Dominicana al ser reclamado por la justicia española, declarase en el Juzgado durante unas cuatro horas.
Herrera, de 50 años, reconoció prácticamente los hechos por los que está acusado, aunque los tildó de mal negocio y no tanto de estafa. Explicó que no se llevó el dinero que habían invertido en su negocio más de 300 vecinos de Trevélez a la República Dominicana cuando huyó, puesto que ya estaba arruinado. Se fue con unos 8.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes del caso.
Indicó que "no está orgulloso" de lo que ha hecho y consideró que la cárcel es el único modo de garantizar su seguridad, por lo que ha llegado incluso, según las fuentes, a solicitar su ingreso en prisión puesto que se siente amenazado. Reconoció que su marcha fue una "huida hacia adelante" después de que la empresa quebrase en 2004, ya que arrastraba desde 2000 pérdidas.
El 'jamonero de Trevélez' dejó su trabajo de director en la sucursal bancaria de una caja de ahorros de la localidad granadina para dedicarse al negocio familiar de los jamones. El detenido convenció a más de 300 personas para invertir sus ahorros en este producto a un interés del 16 por ciento anual.
Según él, se trataba de una apuesta segura porque si la empresa no funcionaba, se comprometía a pagarles en especie. Las cantidades prestadas no eran declaradas a la Hacienda Pública, lo que originó un grave perjuicio al erario público.
Aunque tuvo pérdidas desde el año 2000, fue en 2004 cuando huyó sin dar explicación a quienes habían prestado dinero para su empresa, 'Jamones Fernando S.L.'. Desde entonces se encontraba en paradero desconocido, aunque ha sido condenado ya por Instrucción número 2 de Órgiva a pagar 93.600 euros a varios de los prestamistas.
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