28 de febrero de 2020
 
Actualizado 01/12/2014 16:48:54 CET

Defensa adjudica un contrato de seguridad a una empresa de un imputado por fraude

Miguel Ángel Ramírez fue indultado en 2013 por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por un delito medioambiental

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha vuelto a adjudicar un contrato de vigilancia de algunas de sus instalaciones con la empresa Seguridad Integral Canaria S.A., propiedad de Miguel Ángel Ramírez, quien está imputado por un presunto delito de fraude fiscal que ascendería a más de 2,3 millones de euros.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) correspondiente al 29 de noviembre en un anuncio recogido por Europa Press, la Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, asigna la "vigilancia y seguridad en la fábrica de armas de Oviedo" a la empresa de Ramírez durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de este año y el 31 de agosto de 2016.

El presupuesto de licitación de este contrato asciende a 299.879,62 euros. El pasado septiembre, Seguridad Integral Canaria S.A. se adjudicó otro contrato con Defensa para la vigilancia de más edificios propiedad del ministerio. La empresa también tiene asignada la seguridad en edificios de Patrimonio Nacional y en el Metro de Madrid.

El contrato con Defensa publicado en septiembre consistía en "servicios de seguridad y control para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos" y fue adjudicado a dos empresas: Seguridad Integral Canaria S.A. y Proman Servicios Generales S.L.

A la primera se le encargaban servicios de seguridad, mientras que a la segunda le correspondía ofrecer servicio de auxiliares de control, tales como conserjes o porteros. Todo ello por un montante final de unos 43 millones de euros.

INDULTADO Y DESPUÉS IMPUTADO DE NUEVO

Miguel Ángel Ramírez es el fundador y actual propietario de Seguridad Integral Canaria S.A. y también es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. En noviembre de 2011 fue condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, pero a finales de 2013 el Gobierno le indultó en contra de la opinión del fiscal.

Y a comienzos de este año, la Fiscalía presentó una querella en su contra ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por defraudar presuntamente 2,3 millones de euros al camuflar como dietas el pago de horas extra de sus trabajadores, causa por la que continúa imputado.

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