El Consejo Territorial de Dependencia acuerda reducir a seis meses el plazo máximo de espera entre solicitud y concesión
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad y Dependencia de Extremadura, María Jesús Mejuto, señaló hoy que la Administración regional registra 12.500 beneficiarios de las prestaciones asignadas a personas dependientes, mientras otras 6.000 solicitudes aún están pendientes de valorar y manifestó que el 45% de las prestaciones otorgadas están relacionados con los servicios, "como dice la Ley".
Tras acudir al Consejo Territorial de Dependencia, presidido hoy en Madrid por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, Mejuto lamentó la valoración "negativa" hecha por el Observatorio Estatal para la Dependencia que, en su cuarto dictamen, suspendió la labor de la Administración en la implantación del sistema.
Mejuto recordó que la entidad del Observatorio, regido por gerentes y directivos de centros residenciales, "tiene unos criterios y un modelo diferentes" a los que presenta Extremadura y que, por tanto, "a la hora de interpretar los resultados hay que poner en valor los criterios" seguidos por la Comunidad Autónoma.
"Una de las cosas que critica el informe es que Extremadura da el 45% de las prestaciones en ayudas económicas, cuando somos la Comunidad que menos prestaciones económicas da en beneficio de los servicios, que es lo que dice la Ley de Dependencia", argumentó.
Así, remarcó que en Extremadura "se cumple la Ley", ya que se defiende el principio de que los servicios "estén por encima de las prestaciones". Además, criticó que el Observatorio considere este dato "en negativo" cuando la media nacional se mueve en torno a "un 75-80% de ayudas económicas". "Hay que valorar un poco los resultados y cómo se plasman en el documento", dijo en referencia al dictamen.
Cuestionada por el acuerdo alcanzado hoy para que el plazo máximo de espera para la concesión de la prestaciones se reduzca hasta los seis meses "como máximo", la consejera de Sanidad y Dependencia reveló que los plazos en los que trabaja la Administración extremeña rondan "los 7 a los 9 meses", aunque "la idea, como marca nuestro Decreto de Procedimiento, es estar en seis meses".
RETRASO EN LAS SOLICITUDES
En este sentido, Mejuto precisó que el acuerdo alcanzado hoy no tendrá gran repercusión, puesto que dicho límite es la frontera con la que ya se está trabajando. "Lo que pasa es que al principio hubo un número muy alto de solicitudes que provocó una situación que hubo que normalizar, regularizar y establecer. Aún no hemos conseguido arramplar esa avalancha de solicitudes, pero durante 2010 pretendemos regularizar la situación", explicó.
Por otro lado, en relación a la comunicación de las ayudas por vía telefónica, la consejera lamentó que "la llamada llega al final, cuando en más de una ocasión nuestros valoradores han entrado ya en contacto con la persona beneficiaria o con su familia" Esto evidencia una falta de concordancia entre el procedimiento general y el extremeño, el cual estipula la negociación con la familia "tanto si es una prestación económica como un servicio", según indicó.
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