Los grupos coinciden en mantener una única tarifa "excepcional" regulada para las rentas bajas en 2013
MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere que el informe definitivo de recomendaciones de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el análisis de la estrategia energética de los próximos 25 años defienda explícitamente la "necesaria" participación del carbón nacional en el 'mix energético' español, en un momento en el que el pulso judicial que mantienen las principales eléctricas y la Xunta de Galicia con el Gobierno ha paralizado el desarrollo del Real Decreto que regula las ayudas al mismo.
El borrador de propuestas redactado por el letrado de la Subcomisión, al que ha tenido acceso Europa Press, ya recoge esta propuesta en apoyo al carbón nacional, que justificaba tanto por su aportación al "autoabastecimiento energético" como único combustible fósil autóctono, como por "las implicaciones sociales" de la actividad minera y las "posibilidades de desarrollo alternativo" de las comarcas centradas en esta actividad.
Sin embargo, fuentes parlamentarios han asegurado a Europa Press que este documento está abierto a múltiples variaciones que se verán en la reunión del próximo miércoles, que los diputados esperan que se cierre con un texto consensuado entre todos los grupos, si bien uno de los puntos fuertes de discrepancia sigue siendo precisamente el tema del carbón, en especial con el PP, que ha liderado la oposición gallega a la norma a través de la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo.
Aunque los socialistas aún apuran la negociación con el PP y CiU, dan por imposible el acuerdo con ICV, que el pasado mes de julio ya avanzó que se desmarcaría del acuerdo con un voto particular, descontento por las recomendaciones en apoyo del carbón, pero también en materia nuclear y de renovables, ante la rebaja por parte del Gobierno de su objetivo a 2020 de generación primaria desde el 22,7% al 20,8%.
NO SE SUPRIMIRÁN POR COMPLETO LAS TARIFAS REGULADAS
En lo que sí que hay mayor grado de consenso es a la hora de plantear el "establecimiento definitivo" en 2013 de una única tarifa regulada de gas y electricidad, que garantice el suministro a un precio y con una calidad determinados "únicamente para aquellos consumidores que pudieran encontrar problemas para hallar un suministro a mercado".
Tras meses de discusión en los que se barajó que la liberalización "progresiva" de los sectores del gas y la electricidad culminara con la "eliminación completa" de las tarifas reguladas en 2013, el consenso de los grupos es el de mantener una de carácter "excepcional" para aquellos consumidores con las rentas más bajas.
Esta tarifa garantizará el suministro a un precio y con una calidad determinados, siendo dos "condiciones esenciales" la eficacia y el reconocimiento adecuado de los costes de la energía o "aditividad".
En cualquier caso, el borrador plantea que debe profundizarse en el desarrollo de la competencia y la liberalización en el sector eléctrico, "perfeccionando" el actual mercado mayorista de electricidad y mejorando los mecanismos de integración de las renovables, minimizando las distorsiones en el mercado "y asegurando que se dan las señales económicas adecuadas".
En este sentido, plantea la necesidad de potenciar el establecimiento de contratos a plazos superiores a dos años que permitan a los grandes consumidores de energía puedan cubrir sus necesidades de energía a plazos superiores a los dos años.
'CÉNTIMO VERDE'.
Pese a las presiones de las petroleras en los últimos meses, el borrador aún mantiene su recomendación introducida en julio para "analizar la pertinencia" de que el conjunto "de los consumidores del sistema energético" soporten el coste de las energías renovables y no sólo los eléctricos, ya que estas energías "benefician al conjunto de la sociedad".
Y es que aunque el texto no precisa la forma en la que se desarrollaría este mecanismo, el sector de los carburantes teme que se haga efectivo a través de una tasa a los carburantes en la línea del conocido como 'céntimo verde'.
El documento incide en que se debe fomentar la implantación de las energías renovables de una manera "sostenible económicamente" para los consumidores, por lo que se debe apostar por "tecnologías maduras", especialmente la eólica terrestre, y "clarificar" el horizonte regulatorio de los productores de energía eléctrica de régimen especial.
