BRUSELAS, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo aprobó hoy definitivamente la apertura total a la competencia de los servicios postales en la UE a partir del 31 de diciembre de 2010. No obstante, un total de 11 Estados miembros se han acogido a una moratoria para retrasar dos años más la liberalización del sector, hasta 2013. Se trata de República Checa, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
La nueva norma sobre servicios postales ratificada por la Eurocámara abrirá el mercado de los envíos inferiores a 50 gramos, los únicos que siguen estando protegidos de la competencia en la UE. Al mismo tiempo, garantiza la prestación del servicio universal y deja en manos de los Estados miembros decidir cómo se financia este servicio.
En España, los servicios interurbanos (dentro de una provincia) ya están liberalizados y, puesto que son los que poseen un mayor volumen de negocio, esta norma no traerá cambios significativos a este mercado. Sin embargo, los servicios interprovinciales y los internacionales de salida (enviar una carta al extranjero) aún no están abiertos al mercado, aunque las autoridades españolas prevén hacerlo antes de 2011. Alrededor de 60.000 personas trabajan en el sector.
Según cifras de la Comisión Europea, los servicios postales gestionan unos 135.000 millones de artículos al año, lo que supone unos ingresos brutos de 88.000 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, el 1% del PIB de la UE. Unos 5,2 millones de personas trabajan en el sector postal en la UE. Además, el 85% del correo que se gestiona en la UE es de negocios.
El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, se felicitó por el voto de la Eurocámara y señaló que la liberalización contribuirá a aumentar la calidad y la eficacia del servicio y beneficiará a los usuarios. "La reforma postal dota a los operadores postales de la UE de las armas necesarias para afrontar los desafíos y las oportunidades de la revolución de las comunicaciones", dijo Barroso en un comunicado.
La nueva legislación enumera los posibles sistemas que podrán utilizar los países para garantizar la financiación del servicio universal. Podrán sacar a licitación estos servicios con arreglo a las normas de contratación pública, y si consideran que las obligaciones de servicio público comportan un coste neto que puede perjudicar al proveedor, podrán, o bien introducir un mecanismo para compensar a la empresa con fondos públicos o bien repartir el coste entre todos los operadores y/o los usuarios.
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