MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Este lunes se celebrará el juicio por la demanda de CGT ante la Audiencia Nacional contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la firma de contact center TeleTech, que supuso la supresión de 1.500 puestos de trabajo en España.
En el comunicado, CGT ha manifestado que la multinacional obtuvo una facturación de 1.179 millones de dólares (unos 911 millones de euros) en 2011 y que, en el período de consultas, se negó a facilitar el contrato que le unía con Vodafone y la documentación que acreditaba su finalización.
De acuerdo con el sindicato, en este ERE hubo "una total ausencia de buena fe" por pare de la empresa en el periodo de consulta, por lo que éste debe ser declarado "nulo". Además, según el sindicado, en el acuerdo alcanzado con CC.OO. y UGT, se acordó condiciones distintas para los trabajadores en función de su tipo de contrato y según el lugar de prestación de los servicios, lo que supone una "vulneración" de un derecho fundamental.
La empresa TeleTech y los sindicatos CC.OO. y UGT alcanzaron el pasado mes de agosto un acuerdo en virtud del cual la compañía se comprometió a pagar indemnizaciones por valor de unos 11,29 millones de euros a los 1.500 trabajadores de la compañía despedidos en el marco ERE que la firma de contact center formalizó el pasado 16 de julio, justificado en causas económicas y productivas.
En virtud del acuerdo, los trabajadores con contrato por obra y servicio de Madrid, correspondientes a la campaña de Movistar, y los indefinidos de Valencia y Toledo recibirán una indemnización de 35 días por año trabajado, mientras que los empleados por obra y servicio de los centros de Valencia y Toledo serán indemnizados con 21 días por año.
"Ante la imposibilidad de readmitir a los trabajadores, y una vez que el cese de la actividad se declare judicialmente, se extinguiría la relación laboral y TeleTech estaría obligada a un mayor período de indemnización, a razón de 45 y 33 días", ha señalado CGT, que ha añadido que TeleTech estaría obligada además a abonar los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de extinción judicial de los contratos, así como a reactivar el alta en la seguridad social de los trabajadores, manteniéndola hasta que fuera extinguida su relación laboral, con la consiguiente obligación de abonar las correspondientes cotizaciones.
Además de CGT, el sindicato CSIF ha demandado también a la compañía ante la Audiencia Nacional exigiendo la nulidad del acuerdo alcanzado para la extinción de los contratos de trabajo.
