Los peritos de la Guardia Civil ratifican la autenticidad de la firma, pero dicen que la carta se elaboró en dos momentos diferentes
MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que juzga el 'caso de la carta falsa' impidió hoy a las defensas de Alberto Cortina y Alberto Alcocer preguntar sobre la posible existencia de dos precios distintos en la venta de los terrenos de Urbanor, durante el interrogatorio al testigo Richard Robinson, representante de la sociedad Koolmes Holding BV, participada por Kuwait Investment Office (KIO), que adquirió los solares donde se sitúan las torres KIO.
"No podemos entrar en el contenido de si había un precio o dos precios, porque no es objeto de este procedimiento y son hechos ya enjuiciados", afirmó la presidenta del tribunal, Ángela Acevedo, en referencia al contenido de la carta falsa, con el que se pretendió demostrar que los socios minoritarios de Urbanor conocían la existencia de dos precios, y que fue utilizada por 'los Albertos' en 2003 para conseguir una revisión de su condena por estafa ante el Tribunal Supremo.
El abogado de Alcocer, Víctor Moreno, protestó la denegación de la pregunta y afirmó que "el contenido de la carta se corresponde con la realidad y tenemos un testigo para corroborarlo". Moreno denunció la vulneración al derecho de defensa y recordó que "se está enjuiciando una carta, su falsedad material y su falsedad ideológica".
Moreno insistió en que con esta testifical pretendían acreditar que no hubo estafa procesal y "qué es lo que hubiera declarado Robinson" en caso de que el Alto Tribunal hubiera tramitado el recurso de revisión, cuyas principales alegaciones eran la carta falsa y una declaración notarial realizada por el testigo, donde aseguraba que los minoritarios de Urbanor conocían la existencia de dos precios.
Robinson afirmó durante su declaración que la primera vez que vio la carta falsa fue "el viernes pasado" de manos del abogado de Alcocer, quien se la enseñó para "explicarle lo que se iba a preguntar en el juicio".
El testigo declaró que "no conoce personalmente" a los accionistas minoritarios de 'los Albertos' en Urbanor y acusaciones particulares, Pedro Sentieri y Julio San Martín, y que sólo tuvo contacto con ellos por la "transacción de Urbanor". Robinson ratificó que ha sido enjuiciado en España por diversos delitos, pero "no condenado".
En la carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, Sentieri le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' un mes después que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos a KIO.
Por su parte, el letrado Nicolás González-Cuéllar, defensor del abogado de 'los Albertos', Ramón Hermosilla, también imputado, protestó ante el tribunal de que los "hechos nunca pasan en autoridad de cosa juzgada", y añadió que "es la primera vez que en orden penal se da efecto positivo a las sentencias dictadas".
FIRMA AUTÉNTICA.
Durante la mañana, el perito de la Guardia Civil que elaboró el informe pericial sobre la carta ratificó sus conclusiones y confirmó la autenticidad de la firma de Sentieri. El perito explicó que el cuerpo de la carta y la palabra firma que aparece encima de la rúbrica se hicieron con "dos máquinas impresoras y en diferentes actos", pero que no se pudo determinar la antigüedad del papel ni que el documento se hubiera elaborado tras la sentencia condenatoria de marzo de 2003.
Por su parte, un perito de la Policía Nacional confirmó la autenticidad y descartó la manipulación del contrato de 27 de marzo de 2003 firmado entre 'los Albertos' y los hermanos Arnáiz por el que éstos últimos se comprometían a buscar pruebas exculpatorias del 'caso Urbanor' a cambio de dinero.
El perito de la Policía también analizó los faxes enviados por los hermanos Arnáiz a Hermosilla y explicó que no se pudo atribuir la autenticidad de la firma de los Arnáiz que figura en dichos documentos.
Durante la mañana, también declaró como testigo el socio de Sentieri Pedro Alarcón, quien declaró que la intención de la carta falsa era "exculpatoria" y que 'los Albertos' eran los "beneficiaros" de su contenido.
'Los Albertos' están acusados junto con Hermosilla y el abogado, Ignacio Peláez, los hermanos Javier y José María Arnáiz y la documentalista Glória Álvarez de falsedad en documento privado, estafa procesal y denuncia falsa.
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