MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas considera que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no realiza un seguimiento adecuado de la evolución y rentabilidad de los proyectos empresariales en los que invierte y exige que refuerce las medidas para anticipar su actuación y "prevenir los riesgos" ante los posibles casos de fraude.
Así consta en el informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión de Sepides --sociedad mercantil perteneciente a Sepi-- durante sus tres primeros ejercicios, correspondientes a 2003, 2004 y 2005, al que tuvo acceso Europa Press, y que presentará mañana en el Congreso el presidente del máximo órgano fiscalizador, Manuel Núñez.
El documento revela que Sepides pasó de registrar beneficios de 113.000 euros y 470.000 euros en 2003 y 2004, a anotarse unas pérdidas de 1,3 millones de euros debido a unas pérdidas extraordinarias de 3,9 millones como consecuencia del importante aumento de las provisiones por depreciación de las participaciones, que alcanzaron los 4,25 millones de euros, cifra que suponen multiplicar por doce los 336.000 euros anotados un año antes.
Entre 2003 y 2005, Sepides estudió un total de 260 proyectos de inversión, de los que sólo aprobó 38, entre los que se repartió un total de 96,2 millones de euros. Asimismo, el Tribuna explica que los 222 proyectos restantes se rechazaron, en su mayoría por falta de información sobre la viabilidad y solvencia del proyecto.
Ante estos datos, el Tribunal recomienda que la sociedad siga el modelo de las entidades de capital-riesgo a la hora de realizar el cálculo de las correcciones valorativas aplicables a las empresas en las que participa, dado que su actividad se encuadrada en este sector, y a pesar de que no está sometida a la normativa aplicable al mismo.
EXIGIR EL COMPROMISO DE LOS PROMOTORES
Asimismo, el máximo organismo fiscalizador constata que Sepides debe incrementar las visitas de seguimiento, al considerar excesiva su periodicidad anual, así como establecer un sistema de avisos y penalizaciones para aquellas de sus sociedades participadas que incumplan las obligaciones de remisión de información.
Además, insta a la sociedad a desarrollar los mecanismos adecuados para obligar a los promotores de los proyectos a comprometerse a llevarlos adelante de acuerdo con los estudios de viabilidad elaborado por Sepides o, al menos, con el plan de negocio presentado al solicitar la financiación.
