BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo de ERC en el Congreso --del que forman parte también ICV e IU-- registró hoy una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y que éste no pueda discernir sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía, teniendo en cuenta las peculiaridades del procedimiento de aprobación de estas normas.
En rueda de prensa, el portavoz de ERC en la cámara baja, Joan Ridao, argumentó que los estatutos no pueden ser objeto de impugnación directa por parte del TC porque en su procedimiento de elaboración y aprobación concurren dos voluntades: la territorial y la estatal.
Además, subrayó que, en caso contrario, el tribunal se apropia del carácter de última instancia y decisorio que tiene el referéndum ciudadano, y le quita valor al acuerdo conseguido previamente entre las Cortes y el Parlament.
A su juicio, una sentencia adversa al Estatut --teniendo en cuenta la voluntad del pueblo de Catalunya expresada en las urnas-- "puede producir un choque de legitimidades y un problema institucional de primer orden para el Estado. Seguramente será el escándalo más mayúsculo de la democracia española desde la transición".
Ridao insistió también en el "actual déficit de legitimidad" que sufre el TC por el hecho de que un tercio de sus miembros tendrían que haber sido cesados de su cargo hace más de un año y medio.
"Y porque es un órgano claramente politizado, que ha sido objeto de un intervencionismo vulgar de parte de PP y PSOE, además del escenario de auténticas batallas a campo abierto con recusaciones, crisis y diferentes vicisitudes que hace que éste sea un tribunal claramente deslegitimado y degradado", sentenció.
Por todo ello, la proposición de ley, insta también al cese efectivo de los magistrados del tribunal si, seis meses después de que se haya agotado su mandato, no han tomado posesión sus substitutos.
Asimismo, ERC propone que los miembros del TC que estén en funciones durante más de seis meses no puedan computar en los dos tercios del tribunal requeridos para la adopción válida de acuerdos. Según los republicanos, esto evitaría debilitar el prestigio del órgano y sería una forma de impulsar la renovación.
Sobre las posibilidades de que la proposición de ley prospere, Ridao subrayó que depende de la voluntad política de los dos grandes partidos a nivel estatal. "Sobre, todo por parte del PSOE, que en esto encontraría el apoyo de otras fuerzas minoritarias, y se podría otorgar al TC la legitimidad que actualmente no tiene".
Aunque los republicanos no pretenden que la ley tenga efecto retroactivo, reconocieron que si se aprobara y entrara en vigor habría un problema transitorio en la misma ley que se tendría que analizar y resolver. Ridao destacó, sin embargo, que el principal objetivo de su propuesta es poner el tema a debate y contribuir a poner de relieve la situación de "nula legitimidad" del tribunal.
