MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha calificado este viernes de "absolutamente razonables" los recursos presentados por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el diputado del PP, Alfredo Prada, al archivo del 'caso de los espías' llevado a cabo por la magistrada encargada de la instrucción, Carmen Valcarce.
"Ellos han sido algunas de las víctimas del espionaje", ha indicado Gómez, que ha remarcado que "el hecho de que han sido espiados ha quedado absolutamente claro". El secretario general ha señalado que, desde el PSM, "se quiere que los ciudadanos conozcan quién ha financiado el espionaje, quién ha pagado esos dos millones de euros, porque se sabe que se ha pagado con el dinero de todos los ciudadanos".
Gómez ha recalcado que "se puede continuar la investigación, ya que hay un testimonio que es esencial, que es desde luego uno de los motivos del recurso presentado por el PSM y es de suponer que también uno de los alegados por el señor Cobo y el señor Prada", en referencia a las declaraciones de Yolanda Laviana, ex mujer del ex director de Seguridad y supuesto cerebro del espionaje, Sergio Gamón.
"Cuando responsables políticos destacados del PP recurren también la sentencia es que el PSM no está tan lejos de la verdad cuando dice que el espionaje se ha financiado con dinero público", ha remachado Gómez.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) presentó el pasado miércoles su propio recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el sobreseimiento provisional y archivo del 'caso de espionaje', al considerar que las pruebas presentadas han sido "reiteradamente obviadas" durante la tramitación del procedimiento.
En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, los socialistas fundamentan su queja en que han solicitado hasta diez pruebas, entre ellas, una relación de vehículos oficiales y móviles, o la declaración de diferentes testigos, y éstas "han sido reiteradamente obviadas" durante todo el procedimiento.
Asimismo, apuntan que a pesar de la "obstrucción y vulneración del derecho fundamental a la defensa" en que, a su juicio, incurre el auto de la jueza con el que se archiva el caso, consideran que se dan "todos los elementos del tipo de la malversación de caudales públicos".
Para los socialistas, la conducta de los imputados encuentra "adecuado encaje" en los tipos del delito del artículo 433 y 434 del Código Penal, que recogen los supuestos en los que un funcionario público pueda destinar a usos ajenos a la función pública, los caudales a su cargo por razón de sus funciones.
En su opinión, insisten, ha existido utilización de efectos públicos para fines privados y grave afectación a la causa pública, en concreto, del artículo 434 del Código Penal, que reza que "el funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad Estatal, Autonómica o Local u Organismo dependientes de alguna de ellas", incurrirá en penas de prisión.
