Argumentan "inconstitucionalidad", "quiebra" de la igualdad entre españoles e "intervencionismo" de la Generalitat
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo del PP en el Senado ha registrado este mediodía su veto al proyecto de reforma de Estatuto catalán y 84 enmiendas parciales, la mayor parte, en línea con las defendidas por el partido en el Congreso de los Diputados. El veto 'popular' se articula en torno a la "inconstitucionalidad" del texto, la "quiebra" del principio de igualdad de todos los españoles y el "intervencionismo" de la Generalitat en la vida de los catalanes.
Con respecto al veto, los 'populares argumentan que tras el trámite en la Cámara Baja y "los intentos por atenuar el tono 'constitucionalizante' del texto original", el Estatut persiste "en la flagrante inconstitucionalidad de gran parte de sus contenidos".
Añaden que se ha incrementado "la inseguridad jurídica, como consecuencia de la necesidad de maquillar determinados conceptos para permitir la interpretación de los mismos a conveniencia de quién los lea, lo que sin duda es enormemente negativo para el conjunto de los ciudadanos en general y de los catalanes en particular".
El veto planteado se articula en torno a tres principios que son "obviados tajantemente por la propuesta", según el PP. En primer lugar, es anticonstitucional por "el ánimo de suplantar la voluntad soberana del pueblo español e implantar un modelo de estado esencialmente distinto al que aprobaron los españoles en la Constitución de 1978".
En segundo lugar, el PP argumenta que "se quiebra el principio de igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos los españoles y la solidaridad entre territorios, que son pilares básicos de nuestra convivencia". El tercer pilar del veto del PP es que el Estatut, argumentan, contiene un "profundo intervencionismo de la Generalitat en la vida económica y social de los catalanes".
El plazo de presentación de enmiendas a la reforma catalana concluye esta noche y el próximo lunes comenzará el trabajo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con la designación de la ponencia formada por senadores y parlamentarios catalanes que estudiará en primer lugar el proyecto.
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