Estatuto de CyL.- El PP propugna que el nuevo texto "blinde" la segregación de municipios de CyL

Villalba dice que la mejor protección del territorio es un buen Estatuto

FUENSALDAÑA (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

El Grupo Popular propugna que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya reforma se negocia en las Cortes, "blinde" la segregación de municipos con el fin de proteger el territorio de la Comunidad Autónoma ante propuestas nacionalistas y "ciertos riesgos" en el modelo territorial del Gobierno socialista.

Así lo manifestó el portavoz popular, José Antonio de Santiago Juárez, primero en la Comisión no Permanente de la Reforma, que se cerró hoy con la aprobación por asentimiento del informe con las propuestas de los 16 representantes de partidos y colectivos que han comparecido, y después en declaraciones a los periodistas.

La propuesta "novedosa" de mayor protección del territorio la dejó el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Antonio Vázquez, en la Comisión, pero el PP entiende que es oportuna y "no es ninguna tontería" ante "ciertos riesgos" y "la tentación de los vecinos", en referencia al rechazado Plan Ibarretxe y a la opción que planteó el BNG sobre municipios del Bierzo.

El portavoz socialista, Angel Villalba, afirmó que la mejor garantía de protección del territorio es un buen estatuto y recordó que una Ley Orgánica, como es el Estatuto de Autonomía, se puede cambiar con otra.

Esta aseveración no supone una diferencia sino "matizaciones técnias", en opinión del portavoz popular, que preguntó cómo un partido de Castilla y León se va a oponer a una mayor protección de su territorio.

La propuesta del Grupo Popular pasa por que "la última palabra" en la petición de segregación la tengan las Cortes, que deberían autorizar una reforma estatutaria como paso a la modificación del mapa de la Comunidad Autónoma, no la provincia como ocurre ahora.

La modificación estaría en incluir en el artículo segundo, que regula el ámbito territorial, "la Comunidad de Castilla y León comprende los actuales municipios integrados" en sus nueve provincias frente a la redacción actual de "comprende el de los municipios...".

Esta fórmula está recogida ya en los vigentes estatutos de autonomía de Andalucia y País Vasco, explicó De Santiago Juárez. En ambos casos se precisa la reforma de sus estatutos para aceptar la segregación en sus límites territoriales, mientras que el texto de Castilla y León lo permite con el acuerdo de los ayuntamientos interesados, informe de la provincia de pertenencia y aprobación por las Cortes generales, según la actual disposición séptima.

La reforma incluirá que la última palabra la tengan las Cortes de Castilla y León lo que reforzará el espíritu autonómico frente al provincial del actual texto, según reconoció el portavoz del grupo mayoritario en el Parlamento regional.

Villalba remarcó que el Estatuto debe regular la igualdad entre personas y territorios con el principio de solidaridad y convergencia interna mediante criterios y presupuesto, el peso del mundo municipal en el autogobierno de la Comunidad con financiación y participación en los ingresos del presupuesto regional y el Diálogo Social.

"La reforma tiene que pensar más en el todo que en las partes, debe pensar en la Comunidad Autónoma más que en sus partes", afirmó De Santiago Juárez, que habló de un estatuto posibilista en aspectos como la financiación municipal cuando se está pendiente de la nueva Ley de Bases de Régimen Local anunciada por el Gobierno central.

Entre las conclusiones del informe de la Comisión, destacan que el sistema educativo de Castilla y León se recoja como seña de identidad igual que el idioma, la denominación de Castilla y León como comunidad histórica, el reconocimiento de los agentes sociales y económicos a través del Diálogo Social, los derechos sociales de los ciudadanos, gestión del Duero con respeto al marco constitucional o creación de una Agencia Tributaria compartida con la estatal.

La Comisión escuchó, desde el pasado 11 de mayo, a los partido Tierra Comunera e Izquierda Unida, sindicatos UGT y CC.OO y patronal Cecale, FRMP, las Opas Asaja, Upa, Coag y Coordinadora Agraria, las universidades de Salamanca, León y Burgos, Consejo de la Juventud, Cermi, Cámara Regional de Comercio.

La Ponencia tendrá en cuentas estas aportaciones en la redacción de la Proposición de Ley de reforma que los grupos PP y PSCL prevén registrar antes del 15 de julio.