ETA.-APM denuncia el acoso al Poder Judicial debido a resoluciones por condenas por delitos de terrorismo

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura hizo hoy público un comunicado en el que denunció que "se ha desatado una campaña de presión y descrédito del Poder Judicial" que persigue deslegitimarle, "socavar su prestigio y su autoridad ante los ciudadanos", en relación con determinados procedimientos, entre ellos, el denominado del 'ácido bórico', el caso 'Atuxta' o el proceso contra el lehendakari Juan José Ibarretxe por su reunión con miembros de Batasuna.

En el transcurso de la jornada de trabajo del Comité Ejecutivo de la APM que tuvo lugar hoy en Valladolid, el vicepresidente de la Asociación, Jesús Chamarro, se encargó de leer este escrito en el que criticó la existencia de una campaña de acoso desde determinadas instancias políticas a través de la cual se ha acusado "a ciertos sectores de la Judicatura" de actuar "por simples impulsos políticos" y de ser "involucionistas o antidemocráticos".

En el comunicado se manifiesta que la adopción de decisiones judiciales que no han respondido al deseo de determinadas instancias "han provocado toda una cadena de reacciones y reproches" que "exceden con mucho el derecho a la crítica", llegando al extremo de "la calificación injusta, desproporcionada y, en algunos casos, hasta irrespetuosa".

Chamarro aclaró tras la lectura del comunicado que dichas resoluciones criticadas están relacionadas con el caso del 'ácido bórico', que se dirige contra los superiores de tres peritos policiales que analizaron sustancias incautadas a uno de los procesados del 11-M; con el caso 'Atuxta'; el mencionado proceso contra Juan José Ibarretxe y otras resoluciones de la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional, en torno a condenas por delitos de terrorismos, además de diversas causas relativas a delitos de relación con banda armada y de terrorismo, tratadas por la Sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.

Así, el escrito reiteró que tanto la Constitución Española como el resto del Ordenamiento Jurídico dejan clara la separación de poderes dentro del Estado Democrático y añadía que "si alguien cree que un juez ha actuado al margen de la Ley movido por razones extralegales o por simples inclinaciones políticas, debe denunciarlo de inmediato, exigiendo, de forma incondicionada y sin dudarlo, la depuración de cuantas responsabilidades disciplinarias, civiles o penales procedan".