Otros juristas apuntan la posibilidad de que pueda adoptarse esta medida de forma "cautelar" ante una demanda de ilegalización
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Expertos juristas consultados por Europa Press calificaron hoy de "difícil" y "complicado" que la Sala del 61 del Tribunal Supremo pueda impedir la recogida de sus actas de concejales y junteros a los candidatos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que obtuvieron los suficientes votos en las últimas elecciones municipales y a la Juntas Generales en el País Vasco, tal y como ha planteado hoy el presidente del PP, Mariano Rajoy.
Una eventual participación del Tribunal Supremo en este asunto, según las mismas fuentes, podría enmarcarse en un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna en marzo de 2003, por entenderse "ahora" que las listas que ANV que no fueron impugnadas antes de los comicios son sucesoras de la ilegalizada Batasuna.
La iniciativa es complicada porque tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que son las únicas legitimadas para interponer este incidente de ejecución, deberían presentar razones jurídicas que sustentaran esta vinculación de ANV y Batasuna.
Se trataría de aplicar el artículo 12 de la Ley de Partidos, que considera "fraude de ley" la actividad de un partido que actúa como sucesor de otro que ha sido ilegalizado.
"¿Si antes de las elecciones sólo se encontraron indicios contra 133 de las listas, cómo se justifica que ahora sí existan contra todos los candidatos?", añadieron las mismas fuentes. La única "circunstancia sobrevenida" desde entonces es la ruptura del alto el fuego permanente que mantenía la organización terrorista ETA, lo que en opinión de los expertos no puede utilizarse como "razón jurídica", que es la única que deben tener en cuenta los tribunales de justicia.
MEDIDA CAUTELAR.
Por su parte, otros expertos apuntan la posibilidad de que el impedimento a la recogida de actas por parte de los concejales de la formación se solicite como medida cautelar dentro de una demanda de ilegalización de la formación.
Es decir, si el Gobierno o el Ministerio Fiscal se inclinan por iniciar en el caso de ANV un proceso similar al realizado con Batasuna, podrían recurrir a esta opción cautelar como medio para paralizar el acceso de miembros del partido a los cargos para los que resultaron elegidos.
Este experto recordó que la sentencia del Constitucional sobre ANV se limitó a ilegalizar un número determinado de listas de la formación. Este hecho, indicó, no impide la presentación de una nueva demanda, en este caso solicitando la ilegalización de todo el partido.
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