El excargo del Govern que elaboró un informe en favor de la Generalitat se opuso a enviarlo a la AN: "Estoy indignado"

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en Púnica, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España).
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en Púnica, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
Publicado: miércoles, 27 septiembre 2023 14:50

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana Jesús Emilio Torrejón Puchol ha asegurado este miércoles en el juicio que se sigue contra el expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas adjudicaciones irregulares a una de las empresas de la 'Gürtel' que se opuso a enviar a la Audiencia Nacional el informe que le encargaron elaborar en favor de la Generalitat.

Fue la pasada semana cuando Torrejón pidió no declarar en la vista oral asegurando que ese documento fue utilizado para tratar de desmontar los indicios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por algunos de los contratos suscritos por la administración valenciana.

"Me dijeron: 'queremos una respuesta jurídica si es posible porque se está poniendo en entredicho el prestigio de la institución'. Yo he puesto en mi escrito y lo reitero es que a mí no se me encargó hacer un informe para mandarlo a un juzgado. Esa no era la finalidad. Estoy indignado con este tema", ha criticado a preguntas de la Fiscalía.

En este contexto, Torrejón ha asegurado que cuando le comentaron que iban a enviar ese informe a la causa seguida en la Audiencia Nacional se opuso. "No lo entendí", ha asegurado, dejando claro que el mismo era "para uso interno".

Durante el interrogatorio el Ministerio Público ha preguntado si recibió la indicación de elaborar ese documento desde Presidencia. "Esto es una percepción que tengo yo. Yo con quien hablo es con la abogada general, que tiene mucho contacto con el presidente y el gabinete. Pero yo no se si el presidente ha hablado con la abogada general, eso no lo sé", ha reconocido.

Por otro lado, ha explicado que redactó ese informe sin tener acceso a los documentos originales en los que se basaba el propio informe que trataba de contrarrestar. "Esos contratos yo nunca los he visto. He analizado conceptualmente las conclusiones jurídicas que extrae ese informe respecto de lo que ellos han visto", ha añadido.

Por último, Torrejón ha aseverado que hay una cosa de la que se "retractaría". "Creo que soy contundente y a veces soy agresivo en mi lenguaje. Si hay un punto de agresividad o excesiva fuerza en mis afirmaciones no me gusta. Dicho esto jurídicamente aquí estoy. Estoy convencido de lo que escribí", ha zanjado.

EL ESCRITO DE TORREJÓN

En el escrito que remitió a la Sala de lo Penal, recogido por Europa Press, Torrejón pidió que se retirase el informe que elaboró en su momento y que se prescindiese de su intervención en el proceso "al concurrir varias causas de abstención que imposibilitan" su participación en el mismo.

El excargo del Govern explicaba que, en un momento dado, "los medios de comunicación o la propia presidencia de la Generalitat tuvieron acceso a un informe elaborado por la UDEF que ponía en entredicho la celebración de una serie de contratos". "Creo que bastantes de ellos eran contratos menores celebrados por distintos departamentos de la Generalitat", recordaba.

En esta línea, detallaba que "desde el entorno de Presidencia se pretendió dar una respuesta contundente al contenido de dicho informe, ya que del mismo se derivaba una mala imagen de la Institución que dañaba su reputación".

"Y en este contexto, un viernes (que eran los días en los que se daba cuenta de las reuniones del Consell) se sustituyó dicha rueda de prensa por una comparecencia de la abogada general de la Generalitat (mi superior jerárquica) y del interventor general de la Generalitat en la que expusieron su malestar (hablaban en nombre de la Institución) por el contenido de dicho informe (habló esencialmente, la abogada general)", aseguraba.

NO TUVO ACCESO A LOS CONTRATOS

"Finalizada dicha comparecencia, en la que se indicó que desde la Generalitat se daría una respuesta en favor de la legalidad de la actuación de la Administración", la abogada general le citó y le encargó que "realizara un informe para analizar el de la UDEF, y dar una respuesta jurídica a sus planteamientos, siempre que ello fuera posible".

"Para ello, se me facilitó una copia del informe de la UDEF, y durante el fin de semana, elaboré el citado informe. Evidentemente, este documento fue realizado desde una perspectiva de defensa de la actuación de la Administración. Y quiero señalar que para su elaboración, no tuve acceso a la documentación de ninguno de los contratos o expedientes cuestionados. Únicamente me facilitaron una copia del informe de la UDEF", denunció.

Torrejón también sostenía que, "en el momento" de encargarle esa pericia "en ningún momento" se le indicó que su destino era enviarlo a la Audiencia Nacional ni a ningún otro órgano jurisdiccional. "La única finalidad de su emisión fue exclusivamente proporcionar a la abogada general, y a la Institución, una serie de argumentos jurídicos para dar una respuesta de esta naturaleza a las informaciones que se pudieran relacionar con el informe de la UDEF", sostuvo.

Y es que, proseguía, "no se trataba de un asesoramiento ordinario, ni tampoco de un informe a incorporar en un expediente administrativo común". "De acuerdo con estos antecedentes, resulta más que evidente que el citado informe fue elaborado desde una perspectiva de defensa de la legalidad de la actuación de la Administración. Ello conlleva que su inclusión o exhibición en este proceso, busca de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados", zanjó.

En este juicio, que arrancó el pasado mes de enero, Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.