Creen que el "mejor antídoto" son los centros especializados y critican que los jueces tendrán que ser "adivinos" al predecir su actitud futura
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El nuevo Código Penal propuesto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "discrimina" a las personas que sufren un trastorno metal e incurre en una posible inconstitucionalidad al permitir que su internamiento sea definitivo.
Así lo han asegurado varios jueces y expertos que han participado este viernes en la jornada 'Las medidas de seguridad y el concepto de peligrosidad en el proyecto de Código Penal', organizado por la Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid.
El magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Ángel Luis Martín, ha advertido de que el texto "vulnera el principio de igualdad" para las personas que padecen problemas de salud mental y convierte a los jueces en "adivinos".
El proyecto de ley permite aplicar la libertad vigilada desde tres hasta cinco años prorrogables "de manera indefinida". Esta medida de seguridad se impondrá en virtud de la peligrosidad del enfermo, algo que conlleva un "juicio futuro" sobre los delitos que puedan llegar a cometer. "Hasta ahora los jueces nos basábamos en los hechos probados del pasado", ha remachado.
En este mismo sentido se ha expresado el presidente de la Fundación Manantial, Francisco Sardina, que ha confesado su "malestar" por la "discriminación" que el nuevo Código Penal dirige a las personas con trastornos mentales. "El concepto de peligrosidad de estas personas es deudor de épocas pasadas y oscuras", ha añadido.
Según ha explicado, en más del 90 por ciento de los casos cometen delitos menores, en el ámbito familiar y, mayoritariamente, no se ha diagnosticado o ha tenido escaso seguimiento el problema de salud mental que sufren.
HACE 18 AÑOS QUE NO SE CONVOCAN PLAZAS DE PSIQUIATRA EN LAS CÁRCELES
"El mejor antídoto para evitar esta situación es una red eficiente de recursos sociales y sociosanitarios", ha subrayado Francisco Sardina, algo en lo que ha coincidido con el presidente de la Unión Madrileña de Asociaciones pro Salud Mental (UMASAM), Juan Antonio Alonso.
Alonso ha reivindicado la creación de centros especializados para el tratamiento de los casos de peligrosidad en personas con problemas de salud mental y ha advertido de que estos "sujetos inimputables no son delincuentes".
Luis Fernando Barrios, experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, ha considerado también necesaria la creación de unidades psiquiátricas penitenciarias para tratar a este colectivo en el ámbito penal. "Hace 18 años que no se convoca una plaza específica de psiquiatra en un centro penitenciario", ha desvelado.
A su juicio, el concepto de peligrosidad al que recurre en numerosas ocasiones el proyecto de Código Penal es "caduco, del pasado", por lo que aboga por utilizar "riesgo de violencia". Con todo, ha apostado por valorar factores como la marginalidad, el ambiente familiar o la adherencia al tratamiento y ha concluido que es "una mentira científica asociar enfermedad mental con peligrosidad".
