MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los expertos citados por el Congreso para ilustrar a los diputados sobre la reforma de la Ley de Indultos de 1870 han desaconsejado establecer por ley limitaciones a la potestad del Gobierno para indultar, como planteó el PSOE en una iniciativa registrada hace dos años para prohibir que se conceda esta medida de gracia en casos de corrupción y violencia machista.
La tramitación parlamentaria de esta reforma no acaba de salir del túnel y han pasado ya dos años desde que fue admitida por el Ploen o del Congreso. Los grupos presentaron sus enmiendas el pasado mes de febrero, pero tampoco así logró arrancar.
Y lo último es que el PSOE logró que se abriese esta semana, pese al rechazo del PP y de Ciudadanos, una ronda de comparecencias de expertos antes de que la ponencia empiece a trabajar sobre las enmiendas. Entre ellas, una del PP que pretende prohibir esta medida de gracia a los condenados por rebelión, lo que podría afectar a los líderes del procés encarcelados por la organización del referéndum del 1-O.
LA CONSTITUCIÓN YA PONE LÍMITES
Pues bien, la media docena de expertos que han desfilado este miércoles y jueves en el Congreso han cuestionado esa iniciativa de los socialistas porque coinciden en que no se puede limitar la facultad del Ejecutivo para indultar, incluso los comparecientes citados por los socialistas.
Este miércoles, los catedráticos de Derecho Constitucional, Pablo Lucas Murillo, y de Derecho Penal, Josep María Tamarit Sumalla, apuntaron que establecer un catálogo de limitaciones "desnaturaliza" la propia idea del indulto y que la propia Constitución ya contempla excepciones.
Y el exdiputado del PP y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Jesús López-Medel Bascones, no sólo se preguntó dónde habría que poner ese límite sino que, además, apostó por redactar una nueva ley.
En la misma línea se han manifestado este jueves el catedrático de Derecho Procesal José Luis González Cussac y el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que también son contrarios a que la norma prevea un elenco de delitos.
En concreto, Alonso-Cuevilla considera que en cada caso concreto, aunque sean "execrables" como el terrorismo, la corrupción o delitos sexuales, existen circunstancias que deben analizarse, pues la aplicación de la ley en ocasiones puede resultar "injusta".
HAY QUE ACTUALIZAR LA LEY DE INDULTO
De su lado, la responsable de Proyectos de la Fundación Civio, Eva Belmonte, ha apuntado que no cree que sea útil que determinados delitos puedan no ser indultables "y que haya barra libre con el resto".
A su juicio, es importante tener una mierda "a largo plazo" y no cambiar leyes aprovechando la coyuntura de cada momento, como pudo ser el caso del PSOE al plantear prohibir el perdón gubernamnetal para los delitos de corrupción o de violencia de género.
"La reforma de la ley del indulto no debe estar para plantear qué delitos hay más graves, para eso está el Código Penal, sino que debe plantearse para ver cómo encajar el indulto en la democracia moderna con decisiones valientes, y no con meros cambios estéticos", ha defendido.
Tras escuchar la unanimidad de voces contrarias a prohibir el indulto en determinados delitos, el PP, por boca de su diputado Arturo García Tizón, se ha preguntado cuál va a ser ahora el siguiente paso del PSOE.
Fuentes socialistas se han mostrado abiertos a modificar su propia iniciativa, si bien no creen que ahora los 'populares' vayan a renunciar a su enmienda para prohibir esta medida de gracia a los condenados por rebelión.
