La firma de inversión dice que los fondos que gestiona proceden de la "más absoluta legalidad"
MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exsocio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias, ha defendido que tanto su situación fiscal a nivel personal, como las actividades y operaciones de la firma de inversión Drago Capital, en la que participó el hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Oleguer Pujol, se han ajustado siempre a "la más absoluta legalidad".
Drago Capital ha asegurado en un comunicado que sus actividades y la procedencia de los fondos que gestiona se atienen a la "más absoluta legalidad" y que está "absolutamente" contrastada la identidad de sus beneficiarios, tal y como ha quedado acreditado en los documentos que ha presentado ante la Audiencia Nacional, entre los que figura un informe pericial sobre su actividad empresarial realizado por la auditora Deloitte.
El fundador de la compañía, Luis Iglesias, ha reiterado la "legalidad" de su actuación "en todas las cuestiones relacionadas con su situación fiscal personal por haber tributado en Reino Unido en 2007 y 2008", como ya hiciera ante la Agencia Tributaria (AEAT). A estos efectos ha presentado un certificado de residencia emitido por la autoridad tributaria británica que, entre otros documentos, demuestran su "inocencia".
Por todo ello, Drago Capital y Luis Iglesias han manifestado su disposición a seguir colaborando con las autoridades judiciales para que los hechos se esclarezcan "lo antes posible".
"De hecho, el escrito de la Fiscalía no cuestiona ninguna de estas operaciones", concluye Drago Capital, sobre el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción solicitando la declaración como imputados de Pujol e Iglesias en la causa en la que se investiga el origen de la fortuna del primero. A ambos se les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal.
La solicitud, que se produce ocho meses después del registro del domicilio y el despacho de Oleguer Pujol, se realiza después de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, "de una manera más o menos extensa", que en la actuación de ambos existen "elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal"
