MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La falta de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) obligará a anunciar de nuevo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de tres plazas pendientes de cubrir en las salas de lo Penal, lo Civil y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, han informado a Europa Press en fuentes de este órgano.
La inexistencia del consenso necesario ha impedido la aprobación de estos nombramientos durante el Pleno celebrado este lunes, por lo que las plazas deben ser convocadas de nuevo y debe repetirse también el proceso de preselección de candidatos por la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces.
Ninguno de los nombres que estaban hoy sobre la pesa los 13 apoyos -mayoría cualificada del CGPJ- que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para puestos de este nivel.
La vacante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe ser ocupada por un jurista de reconocida competencia para cubrir la baja del magistrado Enrique Bacigalupo. La terna para cubrir esta plaza la integraban los magistrados María Luisa Corcoy, Susana Huerta, Antonio del Moral y Gonzalo Quintero.
El resto de plazas pendientes de cubrir en el alto tribunal deben ser ocupadas por miembros de la carrera judicial. La de la Sala de lo Civil por la jubilación de Román García Varela, y la de lo Contencioso es de magistrado tras la elección de Manuel Sieira como presidente de la misma.
Para la de lo Civil se postulaban Eduardo Baena, Antonio García Paredes, Julio Cesar Picatoste, Juan Ruiz-Rico y José María Tomás. Por último, para la Sala de lo Contencioso, la terna previamente aprobada por la Comisión de Calificación del CGPJ la integraban Felisa Atienza, José María Gil Sáez, Joaquín José Ortiz Blasco y José María del Riesgo.
Se da la circunstancia de que, si finalmente hay acuerdo y se designan los nuevos magistrados, éstos pasarán a formar parte como magistrados más 'modernos' de la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, que previsiblemente en unos días tendrá sobre la mesa la demanda de ilegalización del nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, que preparan la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
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