Propone también modificar la Ley de Indulto para reforzar la motivación por parte del Gobierno del derecho de gracia
MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, propone e su programa electoral para las elecciones generales del 23 de julio incrementar en mil plazas la plantilla de jueces y fiscales en la próxima legislatura. Además, platea reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificar la Ley del Indulto para reforzar la motivación por parte del Gobierno del derecho de gracia e impulsar un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado.
Así se recoge en el programa electora del PP, 'Un proyecto al servicio de un gran país', que incluye un total de 365 medidas. El propio Feijóo lo ha presentado este martes en un acto en el Palacio de Linares rodeado de su equipo y de exministros como Marcelino Oreja, Fátima Báñez o Iñigo Méndez de Vigo.
Feijóo ha asegurado en ese acto que si gana las elecciones apostará por la "mayor oferta pública de jueces y fiscales". "Incrementaremos en 1.000 plazas la plantilla de jueces y fiscales a lo largo de la legislatura", reza textualmente en el citado documento, donde se compromete a aprobar las reformas procesales, organizativas y de digitalización necesarias, dialogando con las comunidades autónomas.
PLAN DE CHOQUE PARA DESATASCAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
Los 'populares' se compromete a reforzar "las garantías de independencia del Poder Judicial, mediante la reforma de su ley orgánica, incluyendo la modificación del sistema de elección de los miembros del consejo de manera que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales de procedencia judicial. Según añade, "derogarán la reforma que hoy impide su normal funcionamiento".
Además, promoverá "una revisión integral del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal que permita avanzar decididamente en su autonomía"; e impulsará un nuevo régimen jurídico del fiscal general del Estado que "incluya mecanismos de mayor transparencia, independencia e imparcialidad para desvincularlo del Poder Ejecutivo y que fije su mandato por un plazo de cinco años".
El PP plantea "un plan de choque inmediato para desatascar el
funcionamiento de la justicia en aquellos juzgados y fiscalías que se
encuentren colapsados" y añade que resolverán "mediante negociación los conflictos laborales en el ámbito de la Administración de Justicia".
NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
También promete impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que configure el procedimiento penal de conformidad con los principios de simplificación y agilidad, con pleno respeto a todas las garantías y con la finalidad de reducir los tiempos de instrucción; y aprobar una ley integral de medios alternativos de gestión de conflictos, así como una ley de Derecho de Defensa, con la participación de los colegios profesionales.
El PP también se compromete a reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "para devolverle su prestigio institucional, asegurar la excelencia profesional, la desvinculación política y ejemplaridad de sus miembros y el rigor en sus resoluciones".
Además, añade que solventarán "los defectos procedimentales que dificultan su labor" y garantizarán que "sus resoluciones se dicten en plazos razonables y estipulados con criterios objetivos". También plantea mejorar los procesos de selección y elección de sus magistrados para garantizar que no hayan estado vinculados políticamente durante los últimos cinco años, así como los controles de independencia en el ejercicio de sus funciones y un nuevo código ético.
Los 'populares' se comprometen además a modificar la Ley de Indulto para "reforzar la motivación por parte del Gobierno del derecho de gracia". Esta norma estuvo en el foco mediático sobre todo con la concesión de indultos a los líderes independentistas condenados por el 'procés'.
Además, el PP dice que endurecerá el régimen de incompatibilidades para evitar el paso de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial, con el fin de garantizar la independencia en la actuación judicial.
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