Critica que el Estado "no puede seguir desentendiéndose" y dispone de un informe que ve inconstitucional el modelo de financiación local
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclamó hoy al Ejecutivo que regule la participación de los gobiernos locales en los ingresos tributarios de las comunidades autónomas (PICAs) con el objetivo de subsanar lo antes posible "el grave incumplimiento" del mandato constitucional en materia de financiación local.
La FEMP considera que el Estado "no puede seguir desentendiéndose" de este problema y por ello reclama al Gobierno que intervenga para alcanzar y garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales. Sus reivindicaciones se refieren a la necesidad de dotar al sistema de financiación local de nuevos ingresos procedentes de su participación en los ingresos del Estado y las comunidades autónomas.
Así, la Federación criticó que para el cumplimiento efectivo del principio de suficiencia financiera de las entidades locales debe desarrollarse un modelo de participación en los tributos de las comunidades que, a su juicio, deberá enmarcarse en el nuevo modelo de financiación local.
Según expuso, esta medida exigirá una reforma de la actual Ley de Haciendas Locales y una modificación menor de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), pero "en ningún caso sería necesaria la reforma de los estatutos de autonomía".
La FEMP cuenta con las conclusiones de un dictamen jurídico elaborado por un grupo de expertos coordinado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Zornoza. El informe fue estudiado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP en su última reunión en Palma de Mallorca y ayer fue el propio coordinador del trabajo quien lo expuso ante la Comisión de Hacienda.
Según aseguró, este estudio pone de manifiesto que la falta de desarrollo de la participación local en los tributos autonómicos "constituye un grave incumplimiento de las previsiones constitucionales respecto de la articulación de las haciendas locales, que ha de ser imputada a las comunidades autónomas".
A su juicio, este incumplimiento llega al extremo de determinar "inconstitucional" el sistema de financiación local "por no garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales". Además, considera que el Estado "no puede desentenderse de la existencia y efectiva dotación de ese recurso financiero local de participación".
CORRESPONSABILIDAD ESTATAL Y AUTONÓMICA
Esto es así porque "la Constitución establece la corresponsabilidad del legislador estatal y autonómico no sólo en la predeterminación de los fines, funciones y competencias materiales de los Entes Locales, sino también en la atribución de los recursos financieros suficientes para el desempeño de las mismas".
El dictamen también recuerda la existencia de un déficit de financiación de los servicios prestados por las entidades locales en materias de la competencia autonómica, las denominadas competencias impropias, y asegura que esto es "fácil de constatar".
De esta forma, concluye que las participaciones en los ingresos del Estado y las CCAA son recursos fundamentales para la garantía de la suficiencia financiera local y, por ello, "ambas deben ser objeto de una regulación que debe ir más allá del reconocimiento meramente formal de la posible existencia de este tipo de recursos y determine la efectiva transferencia de los fondos correspondientes a las corporaciones locales".
En este sentido, afirma que el Estado dispone de títulos competenciales suficientes para realizar una regulación básica del régimen de la participación local en los tributos autonómicos, estableciendo así un "mínimo común denominador normativo" en relación a este recurso financiero que haga viable su posterior desarrollo y dotación financiera por parte de las CCAA.
Por último, considera imprescindible que se produzca la efectiva coordinación de los tres niveles de Hacienda, coordinación que "en virtud de un mandato constitucional le corresponde al Estado", y que debería ser un Consejo de Política Fiscal y Financiera reformado, mediante la incorporación al mismo de representantes de las Haciendas Locales.
