Asegura que sus declaraciones en Sevilla fueron "decontextualizadas" por Alaya, que no las grabó
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El que fuera consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 -bajo las presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán- Antonio Fernández, ha afirmado este jueves ante el instructor del caso de los ERE fraudulentos en el Tribunal Supremo que ambos conocían lo que conoce un presidente, la problemática socio-laboral como pudieron ser los casos Santana o la crisis de Delphi, pero ello no significa que conocieran el procedimiento de concesión de ayudas.
Fernández utilizó buena parte de su declaración este jueves como imputado en la causa de los ERES en explicar que su declaración ante la juez de Sevilla en abril de 2012, que se prolongó durante 4 días, fue "descontextualización" que sufrió la misma a manos de la juez de Instrucción número 6 de la ciudad, y que por ello no se ratificaba en la misma.
Así consta en el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el exconsejero ha utilizado este argumento para aclarar ahora ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro que no se ratificaba en lo manifestado en su declaración de Sevilla respecto a Chaves y Griñán.
Así, ha manifestado que el presidente de la Junta conocía que había un problema muy importante e instó a su Gobierno a que trabajara para que ningún ciudadano quedara "desamparado", pero que no tuvo ni conoció el procedimiento ni el contenido exacto del convenio que amparo lo que ha venido en denominarse el "fondo de reptiles" en Andalucía.
CUATRO HORAS DE LECTURA DE CARGOS
Sobre lo que señaló en Sevilla respecto al exconsejero de Empleo que le precedió, el también imputado en el Supremo José Antonio Viera, Fernández manifiesta ahora que no lo suscribe habida cuenta de las condiciones en que las prestó, sin grabación, y tras escuchar a Alaya leer los cargos contra él durante cuatro horas seguidas.
En su declaración ante la instructora, Fernández aseveró que fue su antecesor en la Consejería, José Antonio Viera, quien, en 2001, adoptó la "decisión" de la que nació el convenio que supuestamente se utilizó como instrumento para que los fondos de la partida presupuestaria 31L esquivasen las fiscalizaciones propias de las subvenciones excepcionales. No obstante, Fernández defendió que no le constaban directrices de Viera para que las ayudas favoreciesen especialmente a personas o zonas.
SIN ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD
Según recoge el acta, Fernández ha insistido este jueves ante el instructor Alberto Jorge Barreiro que la Intervención General "nunca" le hizo advertencia de ilegalidad por lo que la situación "no tenía por qué preocuparle". Además, el exalto cargo andaluz ha dicho que el interventor conoció los expedientes y, en su caso, podría haber hecho un informe de ilegalidad pero no lo hizo. Tampoco la Cámara de Cuentas realizó advertencia alguna de ilegalidad, ha declarado.
En otro momento de su declaración y a preguntas de su defensa, Fernández ha dicho que puede garantizar que la decisión política de ayudar a los trabajadores que perdieron su empleo con difícil inserción social se ha cumplido y toda la ayuda ha ido "al interés público social" que es la finalidad pública", por eso -ha justificado-- el dinero no se daba al trabajador sino que se ingresaba en la compañía de seguros.
Para el imputado, los hechos han confirmado que todas las ayudas que se dieron han sido ratificadas por el Parlamento y han sido declaradas correctas y han tenido un destino correcto, por lo que, si ha habido una arbitrariedad, no ha sido "en la concesión sino en la manipulación por terceros".
No obstante, el exconsejero también ha dicho que con esta declaración no ha pretendido cargar culpas contra nadie y, concretamente, sobre el Interventor, ha dicho que hizo su trabajo y no consideró declarar ilegal las ayudas ni consideró hacer un informe de actuación, lo que situaba a Fernández en un entorno de tranquilidad para actuar.
