MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho este jueves en el Congreso de los Diputados que la Dirección General de la Policía, de la que depende Interpol España, "ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional" de la petición de Interpol Argentina de recabar los datos de la veintena de personas investigadas en ese país por crímenes presuntamente cometidos durante el franquismo, entre ellos, varios ex ministros.
Asimismo, el ministro ha asegurado que Interpol "no ha cursado una orden internacional de detención, sino una diligencia previa que es de filiación de esas personas". En concreto, lo que hizo la oficina de Interpol en Argentina el pasado 4 de noviembre fue comunicar a su sección en España la petición de detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas a requerimiento de la jueza argentina María Servini. Para ello y como paso previo pedía a sus colegas españoles la totalidad de los registros filiatorios que posean sobre los investigados.
Según ha declarado hoy el ministro y han confirmado fuentes de su Departamento, la Policía ya ha trasladado esta petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
También en el orden internacional y para el caso de que las personas investigadas estuvieran fuera de España, Interpol Argentina, pedía todos los datos identificativos de los imputados como requisito "indispensable" para el caso de emitir una orden de captura internacional y evitar detener a personas con su mismo nombre, "casos de homonimia".
Según informaron a Europa Press fuentes policiales, esa comunicación no se convierte en una orden de detención internacional mientras la Secretaría General de Interpol no le aplique el distintivo rojo, extremo que, a petición de España, no se ha producido.
Estas mismas fuentes explicaron que Interpol España ha alegado ante su Secretaria General con sede en Lyon (Francia) una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Entre otras cuestiones acordaron seguir cooperando "en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo en el caso de que la solicitud se refiera a un ciudadano de otro país miembro, y este otro país miembro, al ser informado por la Secretaría General de la solicitud, proteste contra esta en el plazo de treinta días". Eso es lo que ha sucedido en este caso. Fuentes policiales informaron de que Interpol España ya ha informado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de estos movimientos.
