MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha cargado este viernes contra la etarra Carmen Guisasola Solozabal, que se acogió a la denominada 'vía Nanclares', por usar durante el juicio su "arrepentimiento" para exculparse del asesinato en 1990 en Vizcaya del policía Ignacio Pérez Álvarez por medio de una bicicleta bomba. Por ello, ha elevado a definitivas su petición de pena inicial a 30 años de prisión por su presunta participación en los hechos al entender que con este "silencio" no ha colaborado con la Justicia.
Así lo ha dicho el fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga durante su exposición del informe de conclusiones en la última sesión del juicio que se celebra contra Guisasola y los etarras Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez por este atentado que se juzga 30 años después. El fiscal ha confirmado su petición de pena de 30 años de cárcel para cada uno de los tres acusados al entender que "hay elementos suficientes corroborados" de que participaron en los hechos.
Ha precisado que, a través de las pruebas testificales, periciales y documentales, ha quedado demostrado que Guisasola y Julián Achurra --para quien la Fiscalía no ejerce acusación a la espera de que se resuelva una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada a las autoridades francesas-- era quienes daban las instrucciones a Abad y Martínez y que éstos era quién ejecutaron el atentado.
Tras un extenso informe, el fiscal Azcárraga ha dedicado la parte final para recriminar la "actitud" de Guisasola durante el juicio, que, según ha dicho, se ha centrado en señalar "que no tiene nada que ver con los hechos, que no sabe lo que han declarado otros pero que es falso" y tan sólo responder a "tres preguntas preparadas de su abogado para no mentir mucho" sin someterse previamente al interrogatorio del fiscal. "¡No puede dar explicación! Valoren el silencio, señorías, por favor", ha pedido al tribunal.
El representante del Ministerio Público además ha criticado que Guisasola haya usado su condición de "arrepentida" para tratar de defender su inocencia en esta vista oral. Al respecto, ha señalado que el "verdadero arrepentimiento" es el que se muestra en sede judicial , "y no en un plató de televisión", y aquel que se hace de "forma voluntaria", mostrando una "colaboración con las autoridades para el esclarecimeinto de los hechos sin contraprestaciones, sin tapujos ni dobleces ni medias tintas".
"MANUAL DEL ARREPENTIDO"
El fiscal Azcárraga ha aprovechado para destacar que este juicio ha sido un "ejemplo paradigmático de que ETA tiene manuales de todo, hasta de arrepentidos". Una guía, que según ha indicado, se basa en las "tres grandes mentiras": "Si lo volviera a hacer, no lo haría; si pudiera reparar el daño, lo haría; y si pudiera indemnizar, lo haría".
Para el fiscal estas tres condiciones nunca se cumplen porque no se puede saber si se volvería cometer el daño, ni se puede "restaurar la vida a nadie", ni tampoco se va a indemnizar a las víctimas porque los responsables se declaran insolventes.
La Fiscalía explica en su escrito de acusación que en enero de 1990 Abad y Martínez, como integrantes de la banda terrorista ETA, accionaron por medio de radio control de iniciación eléctrico el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.
Los acciones de estos dos miembros de ETA fueron supervisadas por Guisasola y Achurra, quienes facilitaron la información sobre el día a día del policía e incluso la bicicleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el atentado, indica el escrito.
