MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles a la Sala de lo Penal de este órgano que incremente en seis años la pena de 9 de prisión que la Audiencia Nacional impuso a Manex Castro Zabaleta por participar en el atentado cometido contra la sede del PSE en Lazkao (Guipúzcoa) el 23 de febrero de 2009. Al día siguiente, un joven cuya vivienda había quedado destrozada por la explosión atacó con una maza la 'herriko taberna' de la localidad.
Según ha señalado el representante del Ministerio Público durante la vista celebrada para la revisión de este caso, a Castro se le debería haber condenado también por un delito de estragos terroristas porque la explosión del artefacto que colocó en la sede del PSE puso en peligro la integridad de las personas.
Si se acoge el criterio del la Fiscalía, Castro puede ser condenado a un total de 15 años de cárcel por participar en los hechos. A juicio de la acusación, el hecho de que los terroristas avisaran de la colocación de la bomba y las viviendas colindantes pudieran ser desalojadas no le exime de este delito, que sí ha sido apreciado por la Sala en casos similares.
NULO TRÁNSITO, SEGÚN LA DEFENSA
La defensa de Castro, por su parte, se ha opuesto a la petición del fiscal al señalar que el artefacto se colocó en un lugar "de nulo tránsito", por lo que no pudo poner en peligro la integridad de los vecinos. Ha añadido que los argumentos de la Audiencia Nacional para no apreciar este riesgo son razonables y que se valoró la prueba de forma detallada.
La sentencia que se dicte sobre este asunto será redactada por los magistrados Juan Saavedra, Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo.
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Castro como autor de un delito de pertenencia a organización terrorista y otro de tenencia de explosivos. El tribunal absolvió al otro acusado en estos hechos, Mikel Garmendia Bastarrika, de un delito de colaboración con banda armada.
El fiscal Vicente González Mota solicitaba para Castro una pena de 25 años de cárcel por estragos y depósito de explosivos. Sin embargo, los jueces calificaron los hechos como daños terroristas al no producirse en "lugares, medios o servicios públicos especialmente significativos" ni haber puesto necesariamente en peligro la vida e integridad de las personas.
DIEZ KILOS DE EXPLOSIVO
Los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron probado que Manex Castro cometió el atentado junto a los presuntos etarras Beinat Aguinagalde y Ugaitz Errazkin, según las declaraciones de los ertzainas que comparecieron en calidad de testigos y peritos en la vista.
Los tres formaban un 'talde' denominado 'Asti' dentro del 'comando Ezuste' que planificó y ejecutó el atentado con explosivos contra la Casa del Pueblo de Lazkao, situada en el número 27 de la calle San Prudencio. Antes de la explosión, realizaron una llamada avisando de la colocación del artefacto a la Asociación de Ayuda en Carretera DYA.
El artefacto estaba compuesto por una carga entre 8 a 10 kilos de explosivo y causó daños por valor de 767.709 euros en la sede socialista y en las viviendas y los vehículos de la zona. La bomba fue confeccionada en la casa de Castro, ya que en los cubos de basura situados en las inmediaciones del domicilio se encontraron elementos utilizados en la fabricación del artefacto.
El tribunal tuvo en cuenta las muestras biológicas localizadas en el teléfono encontrado tras el atentado coincidentes con el perfil genético de Castro y el tráfico de las llamadas de los aparatos que portaba el acusado en el momento de su detención.
Tras los hechos, Emilio Gutiérrez, un joven cuya vivienda había quedado destrozada por la explosión, atacó con una maza la 'herriko taberna' de la localidad, por los que recibió en las redes sociales calificativos como 'el héroe de Guipúzcoa' o 'el justiciero de Lazkao'.
No obstante, también sufrió amenazas del entorno de la banda terrorista que le llevaron a abandonar el pueblo y fijar su residencia fuera del País Vasco. En concepto de responsabilidad civil, el tribunal ordenó que Castro indemnizara a las personas y entidades perjudicadas en el ataque terrorista.
